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CUERNAVACA, MORELOS.- Los integrantes de la LIII Legislatura ratificaron en el cargo a los actuales magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con la ampliación del periodo para dos de ellos; crearon salas especializadas y aumentaron las sanciones para los servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Este 19 de julio entró en vigor la nueva Ley de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que abrogan las que el mismo Congreso creó apenas en 2016, cuando el Estado se anticipó a legislar en materia de combate a la corrupción a pesar de que a nivel federal aún no se aprobaba la Ley General reglamentaria.
En agosto de 2015, los diputados salientes reformaron la Constitución y crearon el Tribunal de Justicia Administrativa, en lugar del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, y aumentaron sus salas de tres a cinco, con la consecuencia designación de dos magistrados más: Joaquín Roque González Cerezo y Manuel García Quintanar, junto con Juan Salazar Díaz, como fiscal anticorrupción.

Salas especializadas
Ahora, la nueva reforma, en armonía con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, motivó la creación de dos salas especializadas que sólo conocerán de asuntos en materia de responsabilidades administrativas.
Con las modificaciones a la Ley Orgánica, los diputados decidieron nombrar como titulares de estas salas a González Cerezo y García Quintanar, sin perjuicio de que sigan siendo titulares de la 4ª y 5ª sala, respectivamente.
Originalmente fueron designados en 2015 para un periodo de ocho años; ahora, como magistrados especializados en casos de corrupción les fue concedido un nuevo periodo de nueve años, por lo que en lugar de concluir en 2023, concluirán en 2026. 

Sanciones
El artículo 62 de la Ley considera seis niveles de sanción: Amonestación, apercibimiento, sanción económica, suspensión del cargo hasta por un mes, sin goce de sueldo, destitución del cargo, y en su caso, denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción Corrupción, y destitución e inhabilitación temporal de uno a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ
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