Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Morelos se sumaron ayer a la protesta nacional en contra del recorte presupuestal y la extinción de fideicomisos.
Por separado abogados organizados exigieron el esclarecimiento del asesinato de un litigante, este fin de semana en Cuautla, y demandaron un protocolo de seguridad.
En la primera acción, Héctor Rodríguez Barrera, actuario en el Juzgado 1º de Distrito e integrante del sindicato, recordó que, como parte de la iniciativa que el Ejecutivo Federal remitió al Congreso para el Presupuesto 2024, se propuso un recorte de 15 mmdp al Poder Judicial.
Adicionalmente, se plantea la derogación de 15 fideicomisos que representan ingresos extraordinarios, a lo largo del año, para la base trabajadora, como por ejemplo los apoyos por el Día de las Madres, o para ayuda por uniformes institucionales, o viáticos.
Ambas medidas, dijo, golpearían los ingresos de la base trabajadora, que, tan sólo en Morelos suma más de 1,100 trabajadores en activos, en juzgados federales.
Agregó que la expresión de rechazo que se realizó ayer de forma generalizada en todas las dependencias del Poder Judicial en el país será refrendada el próximo 24 de octubre, en un Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, a la que asistirá la representación sindical.
Por su parte, César García Bravo, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas en el Estado, a nombre de varias agrupaciones, condenó el asesinato del abogado Juan Carlos Olallo, el sábado 14 de octubre, en Cuautla.
Exigió que su muerte no quede impune, como parte de las estadísticas, y que el Gobierno del Estado apruebe un protocolo especial para abogados, al referir que ya suman tres que han sido ultimados, en lo que va de 2023.
“Que se haga una base de datos y que podamos pedir apoyo cuando consideremos que nuestra integridad física está en riesgo, como garantía del libre ejercicio de la profesión”, señaló.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com