De acuerdo con los estrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), fueron presentados siete juicios de la ciudadanía contra las designaciones de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que el Congreso hizo el pasado 24 de noviembre, presuntamente en medio de un proceso viciado de origen y sin respetar el perfil para el cargo, en la mayoría de los nombramientos.
Como lo prometieron, abogadas y abogados organizados de Morelos en diferentes asociaciones y barras siguen combatiendo las designaciones por diferentes medios.
Ahora presentaron la impugnación ante el TEEM, reclamando la violación de su derecho a participar en el proceso de designación en igualdad de condiciones que quienes fueron favorecidos con el voto mayoritario del Pleno, integrado por los diputados que conforman el G-15.
Los juicios fueron enlistados en los estrados digitales y turnados a las magistradas para que los revisen y determinen lo que corresponda.
Los promotores son los abogados Miguel Ángel Rosete, Federico López Estrada, María Guadalupe Martínez Mendieta, María del Consuelo Estrada Soto, Beatriz Maldonado Hernández, José Salgado Sotelo y Alfonso Mejía Miranda.
Esta acción legal se suma a la solicitud de juicio político que los profesionistas del Derecho hicieron a la Cámara de Diputados contra los diputados locales por violaciones a la Constitución y están a la espera de que su petición sea procesada.
De manera previa a las acciones ante el TEEM, los inconformes con las presuntas arbitrariedades de los congresistas locales, presentaron juicios de amparo ante la justicia federal contra la toma de protesta de los magistrados cuestionados, algunos de los cuales fueron desechados.
No obstante, como aseguraron los integrantes de la Barra de Abogados del Estado y del Consejo Estatal de Abogados, utilizarán todas las vías jurídicas a su alcance para tratar de echar abajo los nombramientos de personajes que, desde su punto de vista, no cumplen el perfil y su actuación en el TSJ pone en riesgo la impartición de justicia a la que los ciudadanos tienen derecho.