En el Congreso local, el G-15 se dispone a aprobar la megarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la que “premiarán” al titular con más facultades y más presupuesto para el gasto corriente en 2024.
En la pasada sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alberto Sánchez Ortega, presentó en primera lectura el dictamen de las observaciones que el Ejecutivo hizo al decreto 1,256, aprobado en julio de 2023, con base en una serie de iniciativas de reforma que presentaron varios legisladores, pero principalmente el de Movimiento Ciudadano, Julio César Serrano Solís, quien en la actual legislatura se distingue por su incondicionalidad con el fiscal Uriel Carmona Gándara, con quien ha intercambiado varios favores, políticos y legales.
El dictamen rechaza, en su mayoría, las observaciones que le fueron hechas y quedó de primera lectura para ser sometido a votación en la siguiente sesión del Pleno.
Con base en una supuesta “profesionalización” y “fortalecimiento” de la autonomía de la FGE, la reforma plantea el engrosamiento del gasto de operación y, principalmente de la nómina, con la creación de nuevas fiscalías especializadas: en Investigación y Persecución de Delitos de Tortura, en Persecución del Delito de Feminicidio, para Investigación y Persecución del Delito de Alto Impacto, en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social.
Algunas de estas áreas
ya existían en la Ley Orgánica, como se sabe, pero fueron elevadas de rango legal; como fue elevada de rango la Unidad Especializada de Análisis Financiero y fue creada la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Ambientales.
Aunque los diputados trataron de minimizar el impacto económico que tendrá la “profesionalización”, advirtieron que en el Presupuesto de Egresos de 2024 destinarán un mayor presupuesto a la FGE para soportar el incremento del gasto de operación.
PROPONDRÁ TERNA DE CONTROL INTERNO
Por separado, y contraviniendo conceptos constitucionales, dejaron en el fiscal la prerrogativa de integrar la terna de la que sea designado el titular del Órgano de Control Interno, es decir, podrá imponer a sus allegados en el área que se supone, vigila que no se incurra en actos de corrupción e irregularidades.
Estas son sólo algunas de las nuevas prerrogativas que el G-15 se dispone otorgar al titular de la FGE, sin mencionar en las iniciativas los magros resultados que la dependencia ha dado a la ciudadanía en la persecución del delito.
Por citar un ejemplo
de lo que representa la creación de nuevos cargos de alta dirección en la dependencia, en fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez reportó un ingreso mensual de $95,242.83 pesos, lo que supone un parámetro del incremento que tendrá próximamente la nómina de una dependencia que tiene un nivel de efectividad en su trabajo de un dígito, en comparación con el número de delitos que se cometen contra los morelenses.