CUERNAVACA, MORELOS.- La Defensoría Pública del Estado hizo un llamado a los legisladores a poner fin a la controversia jurídica que existe en el marco normativo local, y aclarar si esta institución tiene o no facultades para proporcionar atención a servidores públicos imputados o señalados de algún delito o falta administrativa.
Gabriel Enrique Pérez López, director de Control de Procesos, señaló que la controversia se originó a raíz de la aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos de 2017, cuando se incluyó en ésta que los servidores públicos señalados de alguna irregularidad que no cuenten con un representante legal privado, tendrán derecho a uno de oficio.
Sin embargo, agregó que la Ley de la Defensoría Pública del Estado solo faculta a la institución para brindar servicios de defensoría en materia penal a cualquier persona, y de orientación y asesoría en materia civil, familiar o mercantil.
La ley, dijo, no hace referencia al ámbito administrativo, de ahí la controversia, además de que en las condiciones de precariedad con las que opera actualmente la Defensoría, también le impiden abarcar más ámbitos legales a los que señala la norma, explicó el funcionario.
El director de Procesos consideró que una precisión legislativa daría claridad sobre si es obligación de la institución brindar servicios en materia administrativa o no, y en caso de que esta facultad quedara precisada en las dos leyes referidas, que se revise el presupuesto asignado, pues señaló que para este 2021, la Defensoría operará con menos recursos con los que contó en 2020, debido a los ajustes que la Secretaría de Hacienda hizo al presupuesto en general por la pandemia del COVID-19.
Por ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com