La diputada local Andrea Gordillo Vega hizo un llamado enérgico al Poder Judicial del estado de Morelos para que actúe con responsabilidad, seriedad y pleno apego a la ley en los casos relacionados con crueldad y maltrato animal, tras una polémica resolución judicial que ha provocado indignación social.

El exhorto de la legisladora surge a raíz del caso de Baileys, un perro que fue asesinado a golpes en Cuernavaca, y por el cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió como reparación del daño la entrega de apenas cuatro bultos de croquetas por parte del agresor. Esta resolución ha sido calificada por diversos sectores como una burla hacia los derechos de los animales y un retroceso en la lucha por su protección legal.

En este contexto, Gordillo Vega destacó la reciente modificación al Código Penal del Estado, misma que promueve castigos severos de hasta 15 años de prisión para quienes cometan actos de crueldad animal. La propuesta también busca delimitar de forma clara y legal la diferencia entre maltrato y crueldad, establece así una base jurídica más sólida para castigar estas conductas de forma proporcional a su gravedad.

La diputada subrayó que con esta reforma ya no existe justificación para emitir sentencias leves o simbólicas, y exhortó a los jueces del TSJ a dictar resoluciones que reflejen la importancia de proteger a los seres sintientes. Enfatizó que el marco legal ya contempla las herramientas necesarias para sancionar de forma ejemplar a quienes incurran en violencia contra los animales, por lo que las decisiones judiciales deben estar en concordancia con estos avances legislativos.

Organizaciones defensoras de animales y activistas locales han respaldado públicamente la reforma, y han exigido que el Poder Judicial actúe con mayor rigor para que casos como el de Baileys no se repitan ni queden impunes.

El caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de las leyes existentes en materia de bienestar animal y ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de que todos los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— actúen de forma coordinada y coherente.

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