SEGUIRÁ LA PELEA.
El tema de la Reforma Judicial, impulsada particularmente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha traído consigo la paralización del sistema judicial, con miles de trabajadores exigiendo que se de marcha atrás a la iniciativa.
Lejos estamos de que este asunto llegue a su fin, luego de que ayer la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial.
La votación se dio así: a favor se contaron 22 votos de Morena y aliados del PVEM y del PT; en contra se sumaron 17 votos del PRI, PAN, PRD y MC.
Pero... ¿Qué es exactamente lo que implica la reforma? El objetivo es modificar el artículo 95 constitucional para que sean electos por voto popular los jueces, magistrados y ministros.
El impulso a dicha reforma ya levantó ámpula incluso a nivel nacional, ya que recientemente los embajadores de Estados Unidos y Canadá dijeron, “diplomáticamente”, que las relaciones entre sus países y el nuestro podrían verse afectadas en caso de aprobación.
Cierto es que la Reforma Judicial es un tanto radical, pero en Estados Unidos la elección de jueces por voto popular es una práctica común. ¿Porqué allá funcionaría y acá no?
El tema de fondo, quizá, ni siquiera es la reforma en sí, sino el contexto en el que se da, ya que son precisamente los integrantes del Poder Judicial los que se han negado reiteradamente a acatar las “recomendaciones” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
No es descabellado pensar que es necesaria la reforma, pero la Presidenta electa debería pensar qué tanto desea una “guerra” interna con uno de los tres poderes del Estado al inicio de su gestión.