LA ACEPTAN.
La reciente aprobación de la Ley de Voluntad Anticipada marca un hito significativo en la protección de los derechos individuales en situaciones críticas de salud.
Esta ley, que permite a cada persona decidir con antelación el curso de sus tratamientos médicos en casos de enfermedad terminal o situaciones similares, representa un paso hacia la autonomía y la dignidad humana.
La Iglesia Católica, a través del vicario general, Tomás Toral Nájera, ha expresado su apoyo a esta iniciativa con claridad. Es importante destacar que la Ley de Voluntad Anticipada no debe confundirse con la eutanasia.
Según el vicario, la diferencia crucial radica en que esta ley permite a los individuos evitar tratamientos médicos prolongados y artificiales que podrían comprometer su dignidad y causar sufrimiento innecesario.
El vicario general enfatiza la importancia de que la Ley sea clara y precisa en sus términos, asegurando que la voluntad anticipada se registre correctamente y sea respetada en momentos críticos.
Esto garantiza que las decisiones personales sobre la propia vida no sean tomadas por terceros, evitando así cualquier interpretación incorrecta que pueda llevar a prácticas como la eutanasia, que la Iglesia no respalda.
En resumen, la aprobación de la Ley de Voluntad Anticipada es un paso hacia adelante en la protección de los derechos humanos fundamentales en contextos de vulnerabilidad extrema, asegurando que cada persona pueda enfrentar el final de su vida con dignidad y conforme a sus propias convicciones.