El trá­gico caso de la menor que murió tras ser atro­pe­llada sobre la Ave­nida Plan de Ayala, donde la tenían pidiendo limosna, comen­zará a ser inves­ti­gado por las Fis­ca­lías Espe­cia­li­za­das en Niñas, Niños y Ado­les­cen­tes, así como en Deli­tos Sexua­les y Trata de Per­so­nas.

El esce­na­rio en el que meno­res de edad “tra­ba­jan” en los cru­ce­ros se ha con­ver­tido en algo común en las calles, casi al grado de estar com­ple­ta­mente nor­ma­li­zado.

El hecho de que haya casi siem­pre un adulto con ellos no hace menos grave el asunto, sin embargo, es hasta des­pués de que ocu­rre una tra­ge­dia de este tipo que las cosas comien­zan a verse como lo que son: niños y niñas siendo explo­ta­dos de una u otra manera.

Aún cuando sean los padres quie­nes ponen a tra­ba­jar a sus hijos, esto en teo­ría se con­fi­gura como un delito de trata de per­so­nas. Mucho más sin son otros “parien­tes” los que supues­ta­mente están a cargo de los meno­res.

Resulta extraño ade­más que muchos niños y muje­res que se encuen­tran en estas con­di­cio­nes sean de ori­gen indí­gena. ¿Cómo lle­ga­ron aquí? ¿Quién los trajo? O más bien... ¿Quién los está poniendo a tra­ba­jar en los cru­ce­ros?

¿Quién nos dice que detrás de estas per­so­nas que viven en la men­di­ci­dad no está una red orga­ni­zada de trata de per­so­nas? ¿Qué es lo que está haciendo la Fis­ca­lía al res­pecto? Son pre­gun­tas que nece­si­tan res­pues­tas urgen­tes.

Por­que si la socie­dad exige ver­da­dera jus­ti­cia para la pequeña ino­cente que per­dió la vida, es nece­sa­rio que se ras­que hasta el fondo. Que se bus­que quié­nes son los ver­da­de­ros res­pon­sa­bles de que esa niña estu­viera en el lugar y momento equi­vo­ca­dos.

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