Espera sentencia. Primero se dijo que a golpes, luego que había sido un perro pitbull el que había matado a mordidas a una joven en Cuernavaca; al paso de las horas, aparecieron fotos del perrito presunto culpable, pero para sorpresa de todos no era pitbull sino criollo.
Las burlas y comentarios no se hicieron esperar, los internautas se mofaron de tal hipótesis. Cuando las fotos de Thomas, el perrito acusado, se hicieron virales, las organizaciones animalistas salieron en redes a protestar y ya preparan movilizaciones para la defensa del can.
Las preguntas son más que obvias. ¿Por qué se manejó primero que era un pitbull y luego presentar a un animal que no concuerda con las características dadas en un principio? ¿Por que manejaron primero que la joven fue víctima de golpes y luego que estaba ensangrentada?
Queda en evidencia la (in) capacidad del personal que acudió a atender la emergencia y a recabar indicios. Si así es en un caso de esta naturaleza, cómo será en casos de homicidios dolosos.
Ahora, si la joven en verdad murió por una ataque canino, por qué no se han revelado las fotos, no por morbo, si no para certificar que las heridas fueron en realidad por mordida. Algo huele mal, sin atrevernos a contradecir, pero algo turbio se esconde ahí.
EXIGENCIA. Integrantes de las asociaciones animalistas exigen a las autoridades la valoración por parte de un etólogo especialista en conducta animal.
A la Fiscalía General del Estado exhortan a cumplir con su trabajo de manera profesional, ética y responsable, tanto por el animal involucrado como por los familiares de la víctima.
Sanciones. El Cabildo de Cuernavaca aprobó impedir a servidores públicos participar en la elección de ayudantes municipales en 11 de los 12 pueblos.
Esto ante supuestas injerencias de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca de cara al proceso que se llevará a cabo para la elección de los nuevos ayudantes municipales
Esto deriva de denuncias en esta etapa preparatoria de la elección de ayudantes municipales sobre la intervención de servidores públicos.
Por E. Zapata