En 2023, el Ayuntamiento de Cuernavaca pretende obtener de los ciudadanos de la capital 114.2 millones de pesos para solventar el costo del alumbrado público, aunque la mayor parte de la ciudad se encuentra en penumbras.
La autoridad municipal argumentó en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal, cuyo decreto fue publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 30 de diciembre pasado, que “el presupuesto anual de egresos para la prestación del servicio de alumbrado público del municipio al 100%”, será de 114 millones 248 mil 400 pesos.
Desglosó que el padrón de 37 mil “luminarias” en la capital (la mayoría inservibles) le generan al Ayuntamiento una facturación anual de 104.4 mdp.
Esa erogación, que la autoridad dice que pagará por una ciudad a oscuras, será solventada, mayormente, por un padrón de 222 mil “sujetos pasivos con contratos con la CFE”, es decir por los propietarios de inmuebles (viviendas y negocios) con contrato con la Comisión Federal de Electricidad.
El costo del “alumbrado público” de Cuernavaca incluye el consumo de luz de las luminarias en áreas públicas y comunes, así como el pago del salario del personal del Departamento de Alumbrado Público, operativos y administrativos.
También se detalló que el “promedio de costo” por las luminarias, instaladas en áreas públicas y comunes, será de 122.2 mdp, y esto puede incluir el mantenimiento preventivo y correctivo, hasta la sustitución de un poste y la luminaria.
Para el cobro de lo que comúnmente se conoce como Derecho de Alumbrado Público (DAP), el municipio desarrolló una fórmula que contempla varios conceptos de gasto, como el de consumo de energía eléctrica por luminaria, el de mantenimiento y el de administración, entre otros, y los traslada al consumidor final de energía, es decir al ciudadano con contrato ante la CFE para que a través de su recibo de consumo, absorba este gasto.
En dicha cuota, y en términos generales, el ciudadano paga al municipio el consumo en metros lineales de luz en espacios públicos y comunes (calles y parques, por ejemplo), aunque, como se puede constatar con un recorrido por cualquiera de las calles y avenidas principales y secundarias, en realidad se cobra por un servicio que no se presta de forma eficiente.