La Sala Regional de la Ciudad de México (SRCDMX) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un revés legal al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y su equipo de asesores jurídicos, al confirmar el acuerdo con el que el Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) le ordenó pagar salarios “caídos” a la regidora Patricia Torres Rosales, así como garantizarle el servicio médico.
Lo anterior lo informó ayer la regidora por Morena al hablar sobre el estatus que guardan los procesos legales que inició después del fatal desplome del puente ribereño en la Barranca de Amanalco, el 7 de junio de 2022, y que, en lo particular, a ella, le cambio la vida, aseguró, tras resultar con fractura expuesta de hueso.
Recordó que una de las vías de defensa fue el juicio que promovió ante el TEEM para revertir la solicitud de licencia que fue obligada a solicitar sin goce de sueldo, así como demandar una seguridad social, por la que el Ayuntamiento le hizo retenciones de cuotas, a ella y sus colaboradores, aun cuando habían sido dados de baja del servicio del ISSSTE.
El Tribunal local le dio la razón, al señalar que no estaba obligada a separarse del cargo y el Gobierno municipal debió cubrir el importe de su atención médica, por lo que ordenó dejar sin efectos el acuerdo de la licencia y pagarle sus honorarios con retroactivo, por un monto de casi 2 millones de pesos.
El Ayuntamiento combatió el acuerdo ante la SRCDMX, donde la regidora informó que la impugnación ya se resolvió a su favor, aunque aún falta por ver si el alcalde llevará el caso a la Sala Superior, aunque solo sea para retrasar el pago.
La otra vía, agregó la concejala fue ante la Fiscalía Anticorrupción, donde mañana 27 de abril, se realizará la primera audiencia después de casi un año de los hechos.
Exigió a la Fiscalía a sancionar a los verdaderos responsables del percance, es decir al secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Humberto Paladino, y al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Pablo Aguilar, y no solo a funcionarios menores o de la pasada administración.
"Tuve que demandar al Ayuntamiento que abusando de mi condición médica y emocional me obligó a pedir una licencia sin goce de sueldo y una vez que fue aprobada de desentendió totalmente de mi condición de salud, aun y cuando no tenía alta médica y me esperaban más cirugías”, añadió.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com