Tequila, Jalisco.– En una acción coordinada de fuerzas federales, fue detenido el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, junto con tres funcionarios de su administración, por su presunta participación en actos de extorsión y corrupción.
Según la información oficial, también fueron asegurados Juan Manuel Pérez (Seguridad Pública), Juan Gabriel Toribio (Catastro y Predial) e Isaac Carbajal Villaseñor (Obras Públicas). Las investigaciones señalan que los ahora detenidos habrían cobrado cuotas ilegales a comerciantes y empresarios, además de desviar recursos públicos desde el Ayuntamiento.
Las autoridades federales indicaron que el grupo estaría relacionado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que operaba una red de corrupción municipal. El operativo forma parte de la Operación Enjambre, estrategia que busca desmantelar estructuras criminales enquistadas en gobiernos locales y que ya ha derivado en detenciones de ediles en otras entidades.
Conflictos previos y señalamientos
La administración de Rivera Navarro, impulsada por la coalición encabezada por Morena, acumuló controversias desde su primer año. Destaca el enfrentamiento con la empresa José Cuervo, a la que el gobierno municipal pretendía cobrar 60 millones de pesos por predial, además de colocar sellos de clausura que paralizaron temporalmente sus operaciones.
El conflicto escaló hasta instancias legales y motivó la intervención del gobernador Pablo Lemus, quien señaló que el cobro no tenía sustento jurídico, por lo que se ordenó retirar los sellos. Posteriormente, la tequilera presentó una denuncia por extorsión contra el alcalde.
A ello se sumaron señalamientos por el uso irregular de instalaciones del Museo Nacional de Tequila y la citación de Rivera Navarro ante la Fiscalía estatal en mayo de 2025, tras un evento musical donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Reacción política
Tras la detención, Morena Jalisco expresó que respetará el curso de las investigaciones y reiteró que ningún militante está por encima de la ley, subrayando que corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades.
El caso permanece bajo investigación, mientras las fuerzas federales aseguraron que continuarán los operativos para combatir la extorsión y la infiltración criminal en gobiernos municipales.