En Jiutepec, los cargos estratégicos en medio ambiente y obra pública están en manos de exfuncionarios procesados por corrupción. José Iván Fernández Galván y Patricia Izquierdo Medina, ambos con historial en el gobierno de Graco Ramírez que enfrentan procesos penales por presuntos abusos en las mismas áreas donde hoy operan bajo la protección del ayuntamiento.
La administración municipal de Jiutepec, encabezada por el alcalde Eder Rodríguez Casillas, se ha convertido en el refugio político para estos exfuncionarios con historiales grises. Entre los casos más evidentes se encuentra el nombramiento de José Iván Fernández Galván, exsubsecretario de Gestión Ambiental en el gobierno graquista, quien hoy funge como secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos en Jiutepec, a pesar de enfrentar vinculaciones a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La más reciente vinculación de Fernández Galván fue confirmada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos el pasado 6 de mayo, tras una audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Según el boletín oficial de la dependencia, se le responsabiliza por omisiones graves en el mantenimiento y operación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos en Xochitepec, proyecto que costó al erario 39.5 millones de pesos y hoy permanece abandonado.
La investigación revela que la planta, construida en 2016, nunca operó conforme a los estándares técnicos, careció de personal capacitado y protocolos adecuados, lo que, según la Fiscalía, representa un daño patrimonial directo al Estado. Además, se omitió informar que la construcción se realizó dentro de una zona de reserva natural, lo que generó afectaciones ambientales adicionales.
En ese mismo sentido, existe otro caso similar en el que Fernández Galván está involucrado: la construcción de otra planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad de El Zarco, Yautepec, la cual costó más de 13 millones 800 mil pesos, pero nunca funcionó.
A pesar de este historial, Fernández Galván fue integrado al gabinete municipal de Jiutepec en un cargo clave relacionado, paradójicamente, con la gestión ambiental y los servicios públicos.
La misma administración municipal ha designado como subsecretaria de Obras Públicas a Patricia Izquierdo Medina,quien fuera titular de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos durante el sexenio de Graco Ramírez y que enfrenta múltiples procesos penales por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios.
Izquierdo Medina está imputada por ejercicio indebido del servicio público, derivado de la adjudicación directa para la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en 2017, por un monto superior a 98 millones de pesos, quien evitó el proceso de licitación pública obligatoria por ley.
En mayo de 2025, una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ratificó la negativa de concederle la suspensión condicional del proceso, debido a la gravedad del delito, que puede ser sancionado hasta con ocho años de prisión.
A esta imputación se suma su detención en febrero de 2022 en Jiutepec, donde fue acusada de ejercicio abusivo de funciones, por presuntamente adjudicar de forma directa a una empresa fantasma la demolición y reconstrucción de un edificio universitario en Jojutla, por más de 75 millones de pesos, tras los sismos de 2017. Aunque obtuvo su libertad tras permanecer casi siete meses en el penal de Atlacholoaya, los procesos legales en su contra continúan activos en otras obras.
Mientras los procesos judiciales continúan su curso, la presencia de estos exfuncionarios en el gobierno local representa, para muchos, una muestra de la normalización de la corrupción y la falta de consecuencias efectivas para quienes han sido señalados como responsables de dañar el patrimonio estatal.