El Estado debería adoptar un plan que garantice el retiro gradual, ordenado y verificable de las Fuerzas Armadas de funciones que no les son propias, como es el caso de la seguridad pública, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un comunicado, ONU-DH informó que aplaudió la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) de determinar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

“La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH. “La resolución envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”.

“El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad”, expuso Jarab.


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