El alcalde electo de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, trae dos escoltas, guaruras, guardaespaldas o como se les diga.  Sólo un par. Pero si se tratara, por ejemplo, del jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, ¿cuántos lo custodiarían? ¿Cuatro, seis, diez? Cuestión de circunstancias, modus operandi y niveles. Más aún y dicho sea con el respeto que merecen todos los elementos de la totalidad de las fuerzas armadas: los cuidanderos asignados a Villalobos son policías modestos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero si, poniendo otro ejemplo, la persona presuntamente amenazada fuera el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a él lo andaría cuidando un pelotón del Ejército formado por nueve soldados rasos, un cabo y un sargento. Ahora que, si de lo que estuviésemos hablando fuera de un ciudadano común y corriente, éste se estaría rascando con sus propias y pagando su seguridad con su dinero suyo de él, como suelen hacer los empresarios de carteras obesas y negocios grandes. De cualquier manera, el hecho de que “Toño” Villalobos denuncie amenazas en su contra que considera ponen en riesgo su vida es un asunto grave, muestra condiciones de inseguridad en niveles altos de la política, a los a que se supone seguros, y confirma el rumor, viejo ya, que la sociedad morelense ha resumido con la expresión coloquial pero delicada  de “Cuauhtémoc y Sanz no quieren a Villalobos” porque, además de la gubernatura, intentaron y siguen pretendiendo la alcaldía de Cuernavaca para uno de “su equipo”. Solicitada por Villalobos –no de manera personal sino manifestada en rueda de prensa– la intermediación del obispo Ramón Castro Castro en, por llamarlas de alguna manera, sus discrepancias con Cuauhtémoc Blanco, el clérigo no reaccionó con la misma rapidez que lo hizo cuando apoyó al hoy gobernador electo en la huelga de hambre que protagonizó en el atrio de la Catedral. Villalobos viajó a Monterrey para que un notario público le guarde un video en cual denuncia amenazas en su contra,  se guardará, no reaparecerá en acto público alguno hasta enero. Eso por un lado, y por otro que el mismo tema exhibe estáticos, mudos, medrosos y cobardes a funcionarios del gabinete de Cuauhtémoc. Verbigracia, a un Guillermo López Ruvalcaba o un Luis Arturo Alatorre, que tan conocen de política que no opinan, sabedores de que en boca cerrada no entran moscas, conscientes de que la ignorancia no se lleva con la política constructiva… Y como en el gabinete del “Cuau”, en el de “Toño” habrá de chile, de dulce y manteca. Anunciado entre la y los del equipo de transición destaca Luis Miguel Santamaría, no por ser un ex panista sino dado su antecedente del ex convicto que a mediados de los noventa estuvo en la antigua Penitenciaría de Atlacomulco acusado del delito de despojo con un terreno o varios del luego desaparecido Instituto Estatal de la Vivienda. Otros son Enrique Díaz Suástegui, Laura Alicia Estevez Flores, Domingo Coria Delgado y Arnulfo Daniel Luna David, respectiva y presuntamente secretario, contralora, tesorero y el que se sacó la rifa del tigre como director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca…  PRESIDENTA de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Estatal, la priista Rosalina Mazari Espín brinca estando el suelo parejo. Declara estarse haciendo cruces frente a la proximidad de los jaloneos por el Paquete Económico 2019 y, al citar en el presupuesto general el 4.7 que “por autonomía financiera” deberá tener el Poder Judicial, lo menciona como uno de los puntos “preocupantes”. Exagera, desconectada de los vientos políticos de austeridad republicana que vienen en el México de hoy día, en los que bajándoles los salarios a los de arriba –el cincuenta por ciento a los magistrados y el treinta o el veinte a los jueces y a funcionarios de primer nivel– y aumentándoles a los de abajo alcanzaría menos de ese casi 5 por ciento. El mismo criterio debe aplicar a los sueldos de los funcionarios de primer y segundo pisos del gabinete de Cuauhtémoc Blanco: no más de 108 mil pesos para el gobernador, digamos unos 70 mil, y 50 mil a secretarios de despacho; choferes y escoltas sólo para el jefe del Ejecutivo así como el fiscal general, los titulares de Seguridad Pública y a otros cargos que los requieran en términos de seguridad y logística. Todo lo cual seguramente lo tiene claro el secretario estatal de Hacienda, Alejandro Villareal Gasca. Y los demás, sepan que la política lopezobradorista es contraria a que en los tres poderes continúen los choferes para la señora y “aquellita” pagados por el erario, el uso de vehículos oficiales para tareas domésticas y todos los abusos contra los que la gente votó el uno julio pasado… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán

jmperezduran@hotmail.com

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