Cuernavaca.- El estado de Morelos se posicionará como el referente nacional en materia de derechos de la infancia al convertirse en la sede de la 16ª Conferencia Nacional de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se desarrollará del 22 al 24 de abril.
El director del Sistema DIF Morelos, Erick Alquicira Cedillo, informó que este encuentro de alto nivel contará con la participación de los 32 procuradores estatales del país, además de expertos internacionales de organismos como UNICEF y World Vision.
Combate a la explotación y uniones forzadas
La conferencia funcionará como un foro estratégico para unificar los protocolos de atención en casos de riesgo. Entre los temas prioritarios destacan la prevención de la mendicidad, la explotación infantil y la representación jurídica de menores en procesos penales.
Asimismo, los especialistas pondrán sobre la mesa el análisis de las uniones forzadas de menores vinculadas a usos y costumbres, un problema que persiste en diversas regiones del país y que requiere una intervención institucional coordinada para su erradicación definitiva.
Nuevo albergue y brigadas de rescate
Más allá del diálogo diplomático, Alquicira Cedillo anunció acciones concretas para el estado, como la creación de un nuevo albergue con una inversión de dos millones de pesos. Este espacio reforzará la capacidad de atención para menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.
A la par, el funcionario destacó los resultados de las brigadas de vigilancia en la zona metropolitana, donde se han completado más de dos mil recorridos. Estas acciones han permitido identificar y retirar a menores de edad expuestos a riesgos en la vía pública, priorizando siempre la concientización familiar.
Voz a los adolescentes
Un aspecto innovador de esta cumbre será la integración de la Red Nacional de Impulsoras e Impulsores, permitiendo que los propios niños y adolescentes aporten su visión en la toma de decisiones. En las mesas de trabajo también participarán jueces, magistrados y fiscales para agilizar los procesos de justicia para la infancia.