Mientras calles deterioradas, banquetas intransitables, luminarias obsoletas y espacios públicos abandonados forman parte del paisaje cotidiano de Cuernavaca, el Ayuntamiento capitalino decidió para 2026 destinar más recursos al manejo de la basura que a la inversión en obra pública, una decisión presupuestal que ha reavivado cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno municipal y su capacidad para atender los problemas estructurales de la ciudad.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno local asignó 250 millones de pesos al manejo y recolección de residuos sólidos, mientras que la inversión en obra pública alcanza apenas 187 millones 95 mil 880 pesos, lo que representa 62.9 millones de pesos menos que lo destinado a la operación relacionada con la basura.
La disparidad resulta especialmente polémica en un contexto donde la acumulación de residuos en la vía pública sigue siendo una constante, particularmente en el Centro Histórico, zonas comerciales y colonias populares, situación que ha generado reclamos ciudadanos recurrentes y una percepción de abandono urbano. A pesar del elevado monto asignado, el incremento presupuestal no se ha reflejado en una mejora visible del servicio, ni en una solución estructural al problema de los desechos.
El presupuesto total del municipio para 2026 asciende a 2 mil 149 millones 428 mil 125 pesos, sin embargo, la mayor parte de este monto se encuentra comprometida al Gasto Corriente, que absorbe 1 mil 456 millones 864 mil 881 pesos, lo que reduce de manera significativa el margen para inversión productiva y obras que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes.
Dentro de ese gasto operativo destaca la asignación de 458 millones de pesos a pensiones y jubilaciones, una carga financiera histórica que continúa en aumento y que, año con año, limita la capacidad del Ayuntamiento para atender necesidades básicas como pavimentación, drenaje, movilidad, recuperación de espacios públicos y mantenimiento urbano.
A ello se suma el pago de 66 millones 966 mil 583 pesos por sentencias y resoluciones judiciales, así como 7 millones 607 mil pesos en Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), lo que evidencia una administración condicionada por compromisos heredados, litigios y pasivos que siguen presionando las finanzas municipales.
Un diseño presupuestal que facilita la opacidad
Especialistas en finanzas públicas advierten que los rubros de gasto operativo, como el manejo de residuos, son de los más difíciles de fiscalizar, ya que no generan obra física verificable, se ejercen mediante pagos recurrentes y suelen operar a través de contratos, arrendamientos y subcontrataciones. Este diseño permite justificar el ejercicio del gasto bajo conceptos amplios, como mantenimiento, servicios extraordinarios, ampliaciones contractuales o ajustes por contingencias, aun cuando los resultados no sean visibles para la ciudadanía.
En contraste, la obra pública está sujeta a procesos más estrictos de licitación, supervisión técnica y evidencia material, lo que reduce el margen de discrecionalidad. Al minimizar este rubro y concentrar recursos en servicios operativos, el modelo presupuestal incrementa el riesgo de subejercicios encubiertos, simulación de servicios o reorientaciones internas del gasto, prácticas que históricamente han sido observadas por órganos fiscalizadores en distintos municipios del país.
Especialistas coinciden en que cuando no existen indicadores claros de desempeño, metas medibles ni evaluaciones costo-beneficio en servicios como la recolección de basura, el gasto puede justificarse administrativamente sin que exista una mejora proporcional en el servicio, lo que debilita la rendición de cuentas y favorece la opacidad.
Aunque el proyecto presupuestal cumple con los requisitos formales, la distribución del gasto para 2026 vuelve a colocar bajo escrutinio las prioridades del Ayuntamiento, al privilegiar la administración cotidiana de problemas —como la basura— por encima de soluciones estructurales mediante obra pública. Para amplios sectores ciudadanos, el presupuesto confirma una percepción persistente: un gobierno municipal rebasado, reactivo y con un modelo financiero que, más que resolver los rezagos urbanos, crea condiciones propicias para un manejo discrecional de los recursos públicos, en una ciudad que continúa acumulando deterioro social y urbano.