El envejecimiento de la población mexicana se ha acelerado en las últimas décadas. En 1950, por cada 100 habitantes había cinco personas mayores de 60 años; para 2025, esa cifra ha aumentado a 12 por cada 100 habitantes. Este cambio demográfico plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud, pensiones y la capacidad del mercado laboral para adaptarse a una población cada vez más envejecida.
La generación actual de jóvenes adultos, nacidos en las décadas de 1990 y 2000, se enfrenta a una serie de desafíos económicos y sociales. A pesar de estar mejor educados que generaciones anteriores, muchos enfrentan dificultades para acceder a empleos bien remunerados y estables. La informalidad laboral, la falta de oportunidades en el mercado de trabajo y la creciente deuda estudiantil son solo algunos de los obstáculos que enfrentan.
Además, la falta de un sistema de pensiones robusto y accesible para todos genera incertidumbre sobre la seguridad financiera en la vejez. Muchos jóvenes adultos carecen de planes de ahorro o inversión para su jubilación, lo que podría llevar a una dependencia de las futuras generaciones para su bienestar económico.
A pesar de los avances en la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo, persiste una profunda desigualdad entre las diferentes clases sociales en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 56.6% de los mexicanos se sitúa en la clase baja, mientras que solo el 1.2% pertenece a la clase alta. Estas disparidades afectan el acceso a servicios de salud, educación de calidad y oportunidades laborales, lo que agrava los retos que enfrenta la generación de los 30.
Ante estos desafíos, es imperativo que México implemente políticas públicas que aborden el envejecimiento poblacional y sus implicaciones. Esto incluye la creación de sistemas de pensiones sostenibles, el fomento del ahorro y la inversión, y la promoción de la inclusión laboral para las personas mayores. Además, es esencial reducir las desigualdades sociales y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades que les permitan envejecer con dignidad y seguridad económica.
La generación de los 30 tiene la responsabilidad de abogar por estos cambios y prepararse para los retos que se avecinan. Solo a través de un esfuerzo conjunto y una planificación estratégica se podrá garantizar un futuro próspero y equitativo para las generaciones venideras.