Durante hoy, martes 4 de marzo, México estará presente en la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, D.C., para presentar sus argumentos en una demanda que ha llevado contra las principales armadoras de armas estadounidenses.
La demanda tiene como objetivo responsabilizar a estas empresas por la venta irresponsable de armas, que, según el gobierno mexicano, terminan en manos de criminales en México, contribuyendo al grave problema de violencia y narcotráfico en el país. El mismo gobierno Estadounidense ha reconocido que el 70 por cient de las armas portadas por el crimen organizado en México provienen de la producción de este páis.
La acusación se cimenta sobre el cuestamiento de las fabricantes de armas, las cuales, a pesar de saber que sus productos se comercializan de forma ilegal y terminan en territorio mexicano, continúan con sus prácticas de venta. México sostiene que las armadoras violan principios básicos de derecho internacional al vender armas de manera negligente, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos mexicanos y favorece el aumento de la violencia en el país.
El equipo legal mexicano, encabezado por el abogado Jonathan Lowy, de Global Action Against Gun Violence, y el abogado Steve Shadowen, expertos en la materia, estará acompañado por Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Estos representantes se presentarán ante la Corte para exponer las pruebas que respaldan las denuncias, que incluyen la comercialización de armas sin suficientes controles y la venta de productos de alto poder destructivo, como rifles de asalto, a través de canales que facilitan su llegada al crimen organizado.
La audiencia, se llevará a cabo a las 10:00 AM (hora local) y será transmitida en vivo a través de la página de la Suprema Corte, permitiendo que los interesados sigan el desarrollo de este importante caso. La demanda busca que se modifique la interpretación de la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que en su forma actual protege a los fabricantes de armas de ser demandados por el mal uso de sus productos.
Este juicio es de gran relevancia para la agenda de seguridad de México, que ha enfrentado un creciente problema de violencia derivada del tráfico ilegal de armas provenientes principalmente de los Estados Unidos. Además, se suman las recientes demandas del presidente Donald Trump sobre frenar el tráfico de fentanilo, o, de lo contrario, como ya ha anunciado, sería inevitable la imposición de aranceles. La administración de Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de combatir este fenómeno, que alimenta la violencia en diversas regiones del país.
La audiencia marcará un antes y un después en las relaciones internacionales entre México y EE. UU., especialmente en un contexto donde el tráfico ilegal de armas, se considera, ha sido uno de los factores clave en el incremento de la violencia en México.