Hace una semana, el primero de agosto de 2021, tuvo lugar en todo el País una consulta popular sobre si se les debería acusar mediante un juicio legal a los cinco expresidentes de las administraciones pasadas a la actual, presidida por el Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación: Andrés Manuel López Obrador, sobre sus labores durante sus respectivas actuaciones frente a la presidencia en los sexenios en que estuvieron al frente de la Nación mexicana “representando al pueblo”.

Este consistió en confundir una consulta al pueblo la cual se llama “Consulta Popular” con unas elecciones, en las cuales el ciudadano es consultado si decide una cosa u otra, en especial las municipales, las estatales, las diputaciones locales y federales. Aunque dicha consulta esté contemplada dentro de la ley, no así el porcentaje para que la misma se vuelva vinculante o sea una ley válida dentro de la Constitución Mexicana.

El INE trató de boicotear la consulta lo más que pudo. En primera instancia se pidió un mayor presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la dependencia encargada de cubrir los gastos de una consulta similar a unas elecciones locales o federales, como la colocación de casillas, la búsqueda de personal representantes del INE y de todos los partidos políticos, la preparación del personal de la sociedad en cada casilla, la contabilidad de las boletas y el resguardo de las mismas, como si se tratara de unas elecciones para dirigir el futuro de la Nación.

Al no encontrar el apoyo económico de la dependencia que ya le había dado un jugoso presupuesto para las elecciones intermedias, el INE, en lugar de colocar las miles de casillas por todo el País, decidió colocar una por cada Estado o sea únicamente 32 casillas para expresar la opinión de cerca de 50 millones de habitantes, por lo que el ciudadano, viendo esa trampa, se ofreció como representante, colocar sus propias mesas y su personal, así como la papelería que fuese necesaria, por lo que el INE tuvo que recular y colocar más casillas para que el pueblo pudiera emitir su deseo.

De esa manera se colocaron de 10 a 30 casillas por Estado, con personal ciudadano sin representación del INE y lo más interesante es que escondieron las casillas y no dieron direcciones, hasta que el domingo se presentaron personas en cualquier municipio donde la gente tuvo que andar preguntando, siendo avisada que debía ir a una escuela donde se reunían los del INE y ahí se les daría la información del lugar donde estaba cada casilla, cosa que no fue así.

Sin embargo los del INE pensaron  que habían ganado la jugada, pero no se dieron cuenta que lo importante para el futuro de México es que de hoy en adelante se pueden hacer cualquier tipo de consultas populares, en especial si se tratara de presuntos culpables de algún delito contra la población y todas ellas serían vinculantes, es decir que tendrán valor legal en cualquier opinión del pueblo en un porcentaje por lo menos el 40 por ciento de los votantes o sea, que de 54 millones de ciudadanos en las listas nominales electorales del INE, debían votar 13 millones 500 mil de ellos con credencial de elector actualizada o recién vencida. 

Fox y Calderón se alegraron de que no se alcanzó esa cifra y Salinas, Zedillo y Peña Nieto, no quisieron hacer ningún comentario.

PRENSA ESCRITA.

Por otra parte, la ley dice que está prohibido hacer propaganda en radio y televisión, pero nunca menciona la Prensa Escrita; por tanto lo que esté publicado en cualquier otro medio que no sea la radio o la televisión, está perfectamente permitido.

De todas formas el INE está tratando de multar a todos los que hemos escrito al respecto, en especial antes de que comenzara la veda, como si se tratara de una elección federal y el mero día de la consulta o sea el 1º. de agosto de la semana pasada, en que salimos a la consulta popular y perdimos toda la mañana tratando de encontrar donde emitir nuestra opinión al respecto. Fuimos al lugar donde estuvo la casilla de las antiguas elecciones y ahí no había nadie; nos fuimos a la Plaza de Armas en el centro y tampoco encontramos a nadie. 

Preguntamos por todos lados hasta que un policía nos dijo que estaban en una escuela adonde llegamos y nos dijeron que de acuerdo con nuestra credencial de elector nos tocaba la Universidad La Salle, entramos y sólo había dos mesas con cuatro personas y un montón de boletas sin usar, además de tres personas escribiendo su opinión para meterlas en unas urnas; y nadie más.

Los amigos nos empezaron a llamar preguntando dónde estaban las casillas, porque el INE, con tanta propaganda que se estuvo haciendo desde hace tres meses y medio, jamás dijo el lugar de la nuestra ya que no lo había publicado como lo hizo en los dos casos anteriores. Luego nos enteramos que en toda Cuernavaca sólo habían colocado dos casillas, alejadas entre sí y ni siquiera los de la Universidad La Salle sabían dónde quedaba la otra.

Nos enteramos que en Cuautla había una, pero el INE tampoco les había avisado dónde iban a estar las casillas. La gente se cansó de esperar y nadie sufragó. 

Esta era la primer consulta popular constitucional que se hacía en México, pero por falta de información, los que habían llegado se dieron cuenta que a las 14 horas ya estaban levantando las mesas, firmaron el acta y a las 4 de la tarde comenzaron a empacar, porque a las 5 iban a llevarse las cosas y se iba a terminar la consulta popular.

La poca gente que se presentó en la mayoría de las casillas estaba enojada porque la razón que puso el INE a hacer esa consulta no tuvo nada que ver con los cinco expresidentes a quien ni siquiera mencionaban en la leyenda al dorso de la boleta. Cuando se contó el número de visitantes se supo que el 90 por ciento de los que acudieron cruzaron la palabra SI, dándole un respaldo a que se juzgara a los cinco expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según se había publicitado durante más de medio año en todos los medios de información, sin que hubiese reclamo alguno por parte de ellos.

Si la consulta popular se hubiese incluido en las elecciones del 6 de junio se habría  ahorrado los 500 millones que costó esta.

De pronto nos enteramos que los integrantes del Tribunal Electoral Judicial de la Federación (TEJF) decidieron deshacerse de su presidente el licenciado José Luis Vargas Valdés y por votación unánime, lo dieron de baja, al momento en que también de la misma manera nombraron al licenciado Reyes Rodríguez Mondragón. El presidente López Obrador comentó en una de sus mañaneras que se deberían cambiar a todos los magistrados y revisar a los consejeros del INE el cual necesita una buena limpia.

Por: Rafael Benabib / rafaelbenabib@hotmail.com


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