Eso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en combinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) le hayan declarado la guerra al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta transformación con declaraciones amenazantes en público y los deseos inconfundibles de quitarle el poder de la sucesión, destruyendo al partido Morena dentro de su propio Consejo General. Eso, es una marranada.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el real presidente de México Lorenzo Córdova -o por lo menos eso es lo que él sueña y el TEPJF apoya-, juntos se han coludido para fastidiar al partido Morena y así imponer a su nuevo dirigente por medio de una encuesta pública que le han ordenado a Lorenzo Córdova, junto con sus cómplices los integrantes de los que también se creen parte del gabinete presidencial o sea el INE y en especial ese tipo que se llama Ciro Murayama y que también está bien Lorenzo.
Pero más que Lorenzo está vendido a las fuerzas antidemocráticas. Se espera que los nuevos cuatro consejeros se porten a la altura y no permitan cochinadas como los “cuidadores” de las elecciones acostumbradas.
El 11 de octubre de 1990 se nombró Instituto Federal Electoral, la idea fue el organizar y hacer el conteo para las elecciones presidenciales de 1994. El nombre era: IFE (Instituto Federal Electoral), el cual años después fue cambiado por INE (Instituto Nacional Electoral), pero nunca se pensó que se volviera tan parcial a favor de partidos políticos específicos como lo que han sido el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el caso del PAN en 2006 en el que se negó a aclarar el fraude donde Acción Nacional “triunfó” con 0.56% de la votación federal y en 2012 cuando se entregó el aval a la candidatura de la elección de 2018 a Jaime Rodríguez Calderón y no se castigó al PRI al conocer las cantidades de dinero fuera de la ley, utilizadas en las elecciones en las que Peña Nieto subió al poder.
Ahora, el TEPJF le ha ordenado al INE imponer al nuevo presidente del Partido Político Morena en una encuesta de opinión pública la que es diseñada por el mismo INE, dirigido por Lorenzo Córdova a la cabeza del Instituto y su equipo, a echar a andar esa orden.
De nuevo el instituto electoral está a punto de cometer un fraude mayor que el que se hiciera en los dos sexenios anteriores, afectando directamente al partido político Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo que en esta ocasión es directamente y sin tapujos con la finalidad de interrumpir el proceso de votación en el interior de Morena por orden de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se viola el artículo 45 de la Ley General de Partidos Políticos el que señala que el INE solamente podrá organizar una elección interna cuando exista una solicitud explícita del mismo instituto político realizada cuatro meses antes del vencimiento de la dirección vigente y sin que interfiera en periodos electorales. Pero el partido no ha realizado solicitud alguna, el plazo de la dirección actual ya se venció y el proceso electoral 2020-2021 se inicia el próximo 6 de septiembre.
La resolución del TEPJF también viola los estatutos del partido y los derechos de sus militantes. El artículo 2 del estatuto de Morena garantiza “la integración plenamente democrática de los órganos de dirección” y los artículos 37 y 46 indican que el presidente del partido debe ser votado por los integrantes del Consejo Nacional en un proceso conducido por la Comisión Nacional de Elecciones. Una encuesta y una votación son dos formas de toma de decisiones radicalmente distintas y la primera de ninguna manera puede ser considerada un mecanismo “plenamente democrático”.
Pero a los magistrados no les interesa cumplir con la ley, ya sea violando el artículo 45 de la ley General de Partidos Políticos y en su sentencia dicen que han decidido “modular la norma” (quiere decir cambiar las leyes a modo) con el fin de “lograr una mayor cohesión” y “superar el grado de conflictividad al interior del partido”. El paternalismo autoritario es evidente. En lugar de facilitar el desarrollo de procesos democráticos internos, el TEPJF le encarga al peor adversario del partido político Morena el INE de Lorenzo Córdova, la selección del nuevo dirigente de Morena.
Además, sorpresivamente los magistrados del TEPJF señalan que “el INE queda en completa libertad para determinar el método por el cual se pueda realizar la encuesta referida y agregan que para formular “el mecanismo, requisitos y preguntas de la encuesta”, el INE debe “conformar un grupo de expertos” con toda seguridad por gente del equipo de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, etcétera.
El TEPJF insiste en que la encuesta debe ser “abierta” a la población en general, incluyendo cualquier persona que sea “simpatizante” de Morena. Ello, porque para los magistrados el actual padrón de militantes no es confiable. Así que en una ocurrencia afirman que para “salvar los derechos de la militancia”. Habrá que incluir a quienes precisamente no son militantes del partido.
Los magistrados abren la puerta para que casi cualquier persona pueda ser candidata a dirigir el partido. Los únicos requisitos serían los señalados por los artículos 7 al 11 del estatuto de Morena con respecto a la prohibición de relección para ese mismo cargo y de ocupar simultáneamente cargos públicos o partidistas. Si bien la sentencia indica que los candidatos a dirigir el partido deberían ser “militantes de Morena”, este candado carece de cualquier sentido efectivo en el contexto en que el mismo Tribunal ha desconocido el padrón existente de Morena.
Literalmente cualquier persona puede ser candidata a la dirección de Morena con la simple afirmación de que se considere a si mismo militante.
La buena noticia es que esta exageración de los magistrados nos da a los ciudadanos precisamente la llave para salvar al partido.
Si cualquier persona puede inscribirse como candidato, inscribámonos todas y cada una de los 30 millones de personas que votamos por Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Inundemos el INE con nuestras solicitudes de registro, tapemos las tuberías de esta burocracia inútil y hagamos simplemente imposible la realización práctica de la espuria “encuesta abierta”.
Esta acción de resistencia civil pacífica sería absolutamente legal y no pondría a ninguna persona en riesgo. Sería mucho más efectiva que una protesta callejera y recordaría a las autoridades corruptas que el pueblo es quien manda en una democracia. Terminando la pandemia tendremos el suficiente tiempo para organizar un nuevo proceso auténticamente participativo, pero por el momento urge parar este atraco inscribiéndonos como candidatos los 30 millones de personas que votamos por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y todos los demás ciudadanos que durante estos dos años de Presidente de México el mismo Andrés Manuel ha unido a la gran mayoría de ciudadanos con sus promesas de campaña ahora ya hechas realidad para que de igual forma se apunten.
Por: Rafael Benabib / rafaelbenabib@hotmail.com