Las obras de construcción de infraestructura, equipamiento y servicios, ya sean públicas o privadas, deben seguir un procedimiento básico que incluye una fase de planeación, otra de realización del proyecto y finalmente la construcción del mismo. Cada una de estas fases cuenta con una serie de pasos a seguir que obligadamente deben ser realizados.
La planeación involucra el contexto urbano en donde se pretende ubicar el proyecto propuesto, el cual debe ser afín a lo que se plantea en las cartas urbanas de la localidad en donde se ubicará, lo cual denominamos “planeación urbana“; en esta fase el proyecto debe cumplir con una serie de normas, relativas al uso de suelo, a la densidad urbana, al coeficiente de ocupación, al coeficiente de utilización y al coeficiente de absorción del suelo.
La realización del proyecto se refiere a la idea, concepción y planeación del proyecto en sí, que se define como el proyecto arquitectónico a construir, el cual nace considerando una serie de estudios técnicos que le dan viabilidad y seguridad a la futura construcción, dentro de los cuales se encuentran análisis de la capacidad del suelo, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de instalaciones especiales, presupuesto, financiamiento y costo beneficio. Como resultado de esta fase se obtiene el proyecto ejecutivo, el cálculo estructural y los cálculos de instalaciones especiales.     
La construcción de la obra involucra la contratación de personal especializado en cada una de las etapas de la ejecución del proyecto, el cual de acuerdo a su especialidad se divide en: personal administrativo, supervisión de obra y mano de obra para la ejecución del proyecto.
Antes de pasar a la ejecución o construcción de la obra, se requiere solventar una serie de requisitos, permiso y licencias que las autoridades tanto federales, estatales como municipales requieren de acuerdo a las características del proyecto, dentro de los cuales se pueden mencionar las siguientes: Manifestación de impacto ambiental; licencia de uso de suelo; dictamen de impacto urbano; dictamen de impacto social; visto bueno de protección civil; licencia de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos y; licencia de construcción por mencionar algunos.
El procedimiento y los trámites que se refieren con anterioridad, requieren la participación de un grupo interdisciplinario de personal capacitado, en donde se cuente con urbanistas, ingenieros civiles, arquitectos, calculistas y contadores públicos o administradores de obra; los cuales en su caso tendrán que otorgar las responsivas correspondientes, por lo cual deberán ser profesionales con título, cedula profesional y registro en los colegios de profesionistas correspondientes y, con reconocimiento en los ayuntamientos como Directores Responsables de Obra  y/o corresponsables estructurales, pero sobretodo con capacidad técnica comprobable.  
Lo anterior viene al caso por el anuncio realizado por el Presidente de la República acerca del “Plan de Zonas Marginadas”, en donde se señaló que ya existen 104 proyectos de mejoramiento urbano para las zonas del norte y turísticas del País; el cual provocó un señalamiento de la Federación de Colegios de Arquitectos de México (FECARM), motivado porque la administración pública de la presente administración federal, solicitó el apoyo de las instituciones de estudios superiores, en este caso de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, para la realización de los 104 proyectos de mejoramiento urbano que se anunciaron.
La FECARM señala que las instituciones de educación superior “no cuentan con el fin, la vocación, el perfil y la estructura profesional para desarrollar” los servicios contratados por el gobierno y además, “caen en el delito de suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México”, llegando a encontrar similitudes con una posible triangulación de recursos que puedan desembocar en un esquema similar a la “Estafa Maestra”.
La pregunta obligada se refiere a ¿Cuáles son los alcances de la participación de la UNAM en los proyectos de mejoramiento urbano anunciados?, se realizaran solo los estudios técnicos de factibilidad y los proyectos arquitectónicos, o también incluye su participación en la construcción de la obra.
No se tiene claro nada, porque las declaraciones gubernamentales son muy vagas y dirigidas principalmente a resaltar la lucha contra la corrupción y evitar grandes gastos, para que los ahorros obtenidos beneficien a la población más desprotegida.
Lo anterior nos deja ante una incertidumbre mayúscula, porque no se cuenta con información verídica que nos permita dar el reconocimiento a la FECARM, por su llamado de atención ante un posible problema de la envergadura que se señala, o aceptar que el señalamiento es infundado y que solo se motiva por la posible disminución de contratos públicos para la realización de estudios, proyectos y obra pública que enfrentaran sus agremiados.
Sin embargo, el tema da para un análisis mayor, ya que el proyecto y construcción de obras de infraestructura, equipamiento y servicios, es un tema que requiere de la contratación de personal con capacidad técnica comprobable, que se conviertan en los responsables técnicos de las obras a construir.
Esto no quiere decir que la obra pública deben ser responsabilidad absoluta de los integrantes de los Colegios de Profesionistas integrados en empresas particulares, o que toda la obra pública se dirija a las instituciones de educación superior con la finalidad de evitar la corrupción y disminuir gastos; tenemos que tener presente que en los últimos años, se han señalado indicios de corrupción tanto en la iniciativa privada como en las universidades.  
No obstante lo anterior, si consideramos que la 4ª transformación que la presente administración promueve, tiene como objetivo primordial la erradicación de la corrupción, entonces tanto la iniciativa privada como las universidades pueden hacerse cargo de esta importante responsabilidad.
Lo que debe quedar claro de la denuncia de la FECARM, es el hecho de que el fraude cometido con la llamada “Estafa Maestra”, se dio por la triangulación de recursos para el pago de proyectos públicos, en donde las universidades fueron el elemento de subcontratación a terceros; el tema que nos ocupa relativo a la realización de los 104 proyectos de mejoramiento urbano que se señalan, fueron encargados de manera directa a la Facultad de Arquitectura de la UNAM (de acuerdo a la información hasta ahora conocida), por lo que no existen terceros en discordia y por lo tanto no puede ser un esquema similar a la “Estafa Maestra”.      
Leyendo entre líneas el señalamiento de la FECARM, tenemos que entender su inquietud, relativa al señalamiento de que las universidades “no cuentan con el fin, la vocación, el perfil y la estructura profesional para desarrollar” los servicios contratados por el gobierno, con base a lo que establece la Ley Orgánica de la UNAM que señala que “las tareas sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura”.
También entendemos que la construcción de las obras es una especialización técnica que se adquiere con el paso de los años y el ejercicio profesional, los centros educativos te dan los conocimientos básicos para poder entender los requerimientos específicos de cada una de las obras que realizas y, los Colegios de Profesionistas y los Ayuntamientos te dan la certificación como Director responsable de obra, Corresponsable de seguridad estructural, Corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, y como Corresponsables de instalaciones.
No obstante lo anterior, nos queda claro que las universidades tienen facultades para celebrar convenios de colaboración con empresas particulares y entidades públicas, para la prestación de servicios públicos de educación media superior, investigación, difusión de la cultura y “extensión de los servicios”, lo que les permite bajo condiciones especiales adquirir compromisos de ejecución, en virtud de que cuentan con una  estructura académica y centro de investigaciones, con capacidad, experiencia profesional y técnica, infraestructura solvente y económica, organización y elementos suficientes para cumplir eficientemente con “Estudios y proyectos”. La obra debe quedar descartada porque es una especialidad que implica una responsabilidad de tiempo completo y capacidad técnica comprobable.
Debemos aceptar que las tareas sustantivas de las Universidades son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, y que la gran responsabilidad que tienen a cuesta es la de educar y dotar de capacidades especiales a nuestros jóvenes, los cuales serán responsables de llevar por buen camino el desarrollo del país en un futuro cercano.
Obtener recursos adicionales por la contratación de proyectos de obra pública, puede costar muy caro a las instituciones académicas con la disminución de la calidad educativa o llegar al grado de subcontratar a terceros (catedráticos y estudiantes) que no tienen el tiempo y la capacidad suficiente para responsabilizarse de proyectos de obra pública; por lo cual, los catedráticos deben enseñar, los estudiantes deben estudiar y los profesionistas deben trabajar.

Por: “Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Morelos A.C.” / [email protected]