Ciudad de México.– Una jueza federal concedió un amparo al cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera y ordenó al Gobierno de la Ciudad de México devolverle 1.3 millones de pesos, al considerar que fue víctima de un cobro desproporcionado de impuestos tras la compra de dos departamentos en la Torre Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.
La resolución fue emitida por Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó que las autoridades locales aplicaron de forma indebida el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y cuotas registrales previstas en los artículos 113 y 196, fracción I, del Código Fiscal de la CDMX vigente en 2024.
El fallo fue emitido en mayo de 2024, pero hasta la fecha el gobierno capitalino no ha cumplido con la devolución, por lo que la jueza impuso una multa a la administración local, luego de haberle concedido una prórroga desde el 11 de abril para realizar el reembolso.
La compra y el litigio
El ex arzobispo primado de México adquirió los departamentos 4201 y 4205 en la Torre Mitikah en febrero de 2023, ambos con un valor cercano a 10 millones de pesos cada uno. Según el expediente judicial, pagó 46 mil 122 pesos por el registro de los contratos y, posteriormente, cubrió 651 mil 101 pesos de ISAI por el primero de los inmuebles y 700 mil 150 pesos por el segundo.
El 20 de marzo, Rivera Carrera promovió un amparo argumentando que los montos aplicados eran excesivos e inconstitucionales, especialmente en lo referente a la forma en que se calculó el ISAI y los derechos de registro.
Inconstitucionalidad y protección futura
En su sentencia, la jueza ordenó no aplicar el artículo 196, fracción I, del Código Fiscal local al cardenal, ni ahora ni en el futuro, hasta que se subsanen los vicios de inconstitucionalidad detectados en el proceso.
“El fallo implica que no le sea aplicado el precepto legal impugnado en el presente y en lo futuro, y que —de ser el caso— le sea devuelta la cantidad que pagó en exceso por concepto de los derechos de registro”, detalla la resolución.
Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido una postura oficial respecto a este caso ni ha confirmado cuándo cumplirá con la devolución ordenada por el Poder Judicial.