Cuernavaca.- El panorama legal de José Francisco Rabadán Torres, señalado como el presunto agresor de Paula Fajardo, se complicó de manera definitiva tras la última resolución en los juzgados federales de la entidad.
La titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Tania Gómez Ibarra, decidió negar la suspensión definitiva que el acusado solicitó dentro del juicio de amparo que promovió para frenar su captura.
Con este fallo judicial, Rabadán Torres se queda sin el blindaje legal que buscaba desesperadamente para evitar ser detenido por las autoridades locales o federales que lo investigan.
El amparo de José Francisco Rabadán se cae en los tribunales
El juicio de amparo se inició formalmente bajo los lineamientos de la Constitución y la Ley de Amparo, luego de que los abogados del señalado reclamaran presuntos actos de autoridad en su contra.
La defensa buscaba frenar de forma permanente cualquier orden de extradición, búsqueda, localización, presentación o aprehensión, argumentando violaciones a los derechos del imputado en las carpetas de investigación vigentes.
Aunque en las primeras etapas del proceso el juzgado otorgó una suspensión provisional, las autoridades dejaron en claro que este beneficio nunca implicó una declaración de inocencia del señalado.
Dicha medida cautelar de plano solo se dio para evitar que el acusado fuera sacado del país de forma exprés, manteniendo las cosas en el estado en que se encontraban mientras se analizaba el fondo.
Jueza federal respalda a la víctima en audiencia clave
Durante la audiencia incidental celebrada este martes, la jueza Gómez Ibarra revisó minuciosamente cada uno de los elementos presentados por las partes involucradas antes de emitir el veredicto.
Tras considerar que no existían los elementos jurídicos para otorgar la protección de la justicia federal, la juzgadora determinó dejar sin efectos cualquier medida que impidiera la acción de la justicia.
Al finalizar la sesión, la jueza sostuvo un encuentro privado con Paula Fajardo para explicarle los alcances reales de esta determinación y dar certidumbre sobre el estado que guarda el proceso.
Esta resolución representa un avance sustancial para el equipo legal de la víctima, dejando el camino libre para que las autoridades ministeriales ejecuten las órdenes correspondientes contra el presunto agresor.