La Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a tres exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del sexenio 2012–2018 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Los señalados son Einar Topiltzin “N”, exsecretario de Desarrollo Sustentable; José Iván “N”, exsubsecretario de Gestión Ambiental; y Noé “N”, exdirector general de Gestión Ambiental. De acuerdo con la acusación, los tres habrían incurrido en omisiones graves relacionadas con la operación y mantenimiento de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Xochitepec, cuyo valor supera los 39.5 millones de pesos.
Según la denuncia presentada por el Ejecutivo estatal, dicha planta —construida en 2016— no recibió el mantenimiento estipulado en los programas oficiales ni fue operada conforme a los manuales técnicos. Los equipos sufrieron deterioro, actos de vandalismo y negligencia, hasta quedar inutilizables.
Durante la audiencia inicial, celebrada el 28 de abril de 2025, la Fiscalía expuso que Einar Topiltzin “N”, en su calidad de titular de la dependencia, tenía la obligación de supervisar y coordinar los programas relacionados con la gestión integral de residuos, tarea que presuntamente incumplió.
Por su parte, José Iván “N” era responsable de aplicar y evaluar los convenios en materia de residuos sólidos urbanos, mientras que Noé “N” debía garantizar la correcta operación de la planta mediante acciones de supervisión, funciones que tampoco habrían sido cumplidas.
Estas omisiones provocaron el abandono total de la planta tras el término de su administración, dejándola fuera de operación, sin cumplir su propósito ambiental ni justificar la inversión pública. El informe también señala la falta de personal capacitado, la carencia de protocolos jurídicos y técnicos, así como la ausencia de mecanismos de control.
Adicionalmente, la obra se edificó en una zona de reserva natural —clasificada como selva baja caducifolia— sin notificar al entonces Gobernador ni realizar una evaluación de impacto ambiental adecuada, lo que derivó en un daño ecológico a la región.
A pesar de estar inactiva, la planta sigue representando una carga financiera para el Estado, ya que la Secretaría de Desarrollo Sustentable continúa destinando recursos para su vigilancia.
El juez de control concedió un plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de los imputados. Cabe recordar que, conforme al artículo 20 de la Constitución Mexicana, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme.