Es buenísima la intención del presidente López Obrador de intentar frenar la corrupción en la compra de medicinas.

Tratándose de contratos en la era Peña Nieto, lo raro es que no hubiera mordidas de por medio.

Tampoco se puede cuestionar el método de compras consolidadas.
 Eso significa hacer una megacompra de medicinas y lograr mejores precios de las farmacéuticas que en muchos productos suelen tener márgenes de utilidad muy amplios.
 Además se evita realizar compras estatales en las que el precio de venta era más alto, y también se abría espacio para la corrupción de no pocos gobernadores.

El problema, como prácticamente todo en el gobierno federal actual, es que parten de un buen diagnóstico, con las mejores intenciones, pero su implementación carece de técnica y profesionalismo, y terminan estrellándose con la realidad.
 Al final, a los mexicanos nos sale más caro el caldo que las albóndigas.
 Ejemplos sobran.
 El de las medicinas es uno:
Por muchos años, los procesos de compra de medicamenos iniciaban en febrero del año previo al que se necesitaban.
 Es decir, con 11 meses de anticipación.
 Esta vez, se inició a mediados de año.
 Y hay cosas a las que no se les puede meter el acelerador: por ejemplo, la industria farmacéutica mexicana importa casi todos los precursores químicos y aquí “arman” las medicinas.
 El barco que trae esos precursores no puede navegar más rápido.

 

Antes, el fallo de la licitación de compra de medicinas del año siguiente se daba a finales de octubre, máximo principios de noviembre del año previo.
 Esta vez se dio el 24 de diciembre, ya en vacaciones.
 No hay modo humano de que en una semana esté listo el abasto para todo el país.

 

Encima, como consideran que la distribución de medicinas es coyotaje, decidieron hacer licitaciones para comprar medicamentos, pero no para distribuirlos en todo el país.
 Eso retrasa aún más el abasto.

Con todos estos tropiezos y retrasos, es previsible que la crisis de desabasto de medicinas continúe, se profundice y si todo sale bien, comience a resolverse hasta el próximo mes.

SACIAMORBOS
Se le complican las cosas al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

Se le complica el pasado, porque la Secretaría de la Función Pública ya sancionó al ex director de la sospechosísima Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, acusado de entregar, mediante un contrato irregular, una superficie
de agua de 159 mil metros cuadrados a una empresa privada.
 Un caso frente al que cerró los ojos el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien decidió nombrar al frente de esa API al socio de Noval, el capitán Héctor Mora Gómez.
 La sanción de SFP ya está, pero el Consejo de la API, controlado por Mora, no ha actuado en consecuencia.
 Buena parte de esta trama sucedió mientras el subsecretario Peralta era el jefe de las Aduanas.

Se le complica también el futuro, porque le asignaron resolver el peligroso tema de la vaquita marina con todo y el crimen organizado que la tiene al borde de la extinción.
 El subsecretario lo presumió en redes sociales y apenas hace unos días, se registraron balazos contra una embarcación de la ONG internacional Sea Shepherd sin que hicieran nada los agentes federales destinados a su protección.

Por: Carlos Loret de Mola A. / carlosloret@yahoo.com.mx