La Universidad de Harvard ha rechazado las exigencias impuestas por la administración del presidente Donald Trump, que incluían medidas como eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), restringir la admisión de estudiantes internacionales y prohibir grupos estudiantiles pro-palestinos. En respuesta, el gobierno federal ha congelado más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales destinados a la institución.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó las demandas como una amenaza directa a la autonomía académica y a los derechos constitucionales de la universidad. En una carta pública, afirmó que "ningún gobierno, sin importar el partido en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir o contratar, y qué áreas de estudio pueden perseguir".
El expresidente Barack Obama criticó las acciones de la administración Trump, describiéndolas como "ilegales y torpes", y defendió la postura de Harvard como un acto en defensa de la libertad académica.
Este conflicto se enmarca en una campaña más amplia del gobierno federal contra instituciones educativas consideradas bastiones del pensamiento progresista, y ha generado preocupación sobre la posible erosión de la independencia académica en Estados Unidos.