Después de organizar un boitcot masivo, el fandom del grupo surcoreano Super junior (ELF) ha logrado captar la atención de las autoridades y la PROFECO, lo que podría dar inicio a una propuesta de ley que regule la venta de boletos en conciertos y más eventos masivos.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció que acudió este jueves a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir la activación de una propuesta legislativa destinada a regular las plataformas de venta de boletos para eventos públicos.
La solicitud de ley incluye una exigencia clara: que antes de iniciar cualquier venta o preventa de boletos se publiquen de forma transparente todos los precios, cargos adicionales, mapas de asientos y condiciones de venta, evitando así la “letra chica” y las sorpresas para los consumidores.
También se solicitó que Profeco inicie una acción colectiva en representación de los consumidores afectados por las prácticas que consideran sistemáticas y abusivas por parte de empresas como OCESA y Ticketmaster.
Entre las irregularidades señaladas destacan:
- La falta de publicación previa de precios base y por zonas.
- La venta condicionada a la compra de paquetes VIP o “experiencias exclusivas”.
- La opacidad en los cargos por servicio y la percepción de acaparamiento o manipulación de boletos.
Además, el documento entregado contempla el establecimiento de un mecanismo simple y abierto para que cualquier persona interesada pueda sumarse a esta acción colectiva.
Se propone otorgar facultades a Profeco para intervenir en casos de abuso por parte de las plataformas de venta de boletos. El objetivo es proteger a los consumidores ante prácticas como precios inflados, cancelaciones sin reembolso y restricciones injustificadas.
Aunque el proyecto aún no tiene un nombre oficial, en redes sociales ha comenzado a identificarse como “Ley ELF”, en referencia al nombre del fandom de Super Junior.
A pesar de haber sido aprobada en comisiones, la iniciativa aún no ha sido discutida ni votada en el Pleno del Congreso, pero se reiteró que su objetivo busca un marco legal más justo, transparente y con consecuencias reales para las empresas que incumplan, garantizando así que el acceso a eventos públicos no se convierta en un privilegio condicionado por malas prácticas comerciales.