Una explosión mortal, presuntamente un atentado suicida, sacudió este viernes 6 de febrero de 2026 la mezquita Khadija Tul Kubra, un lugar de culto chií en el área de Tarlai Kalan, en las afueras de Islamabad, la capital de Pakistán. El ataque ocurrió durante las oraciones colectivas del viernes, cuando cientos de fieles se encontraban reunidos en su interior.
Las autoridades confirmaron que al menos 31 personas murieron y más de 169 resultaron heridas, muchas de ellas trasladadas de urgencia a hospitales de la ciudad, donde varios pacientes se encuentran en estado crítico. La cifra de víctimas podría aumentar a medida que se continúan las tareas de rescate y atención médica.
Según informes policiales preliminares, el atacante detonó explosivos tras ser confrontado por guardias en la entrada del templo, aunque aún no hay confirmación oficial de la autoría del atentado. Grupos militantes como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) o el Estado Islámico (IS-K), que han reivindicado ataques previos contra minorías chiíes, figuran entre los principales sospechosos, aunque ninguno ha reivindicado el hecho hasta el momento.
El ataque representa uno de los más letales en Islamabad en años y ocurre en medio de un contexto de creciente violencia militante en varias regiones del país. Líderes políticos, incluido el presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif, condenaron el atentado como un “crimen contra la humanidad” y ordenaron una investigación urgente para llevar a los responsables ante la justicia.
Las fuerzas de seguridad han declarado la zona en estado de emergencia y reforzado la vigilancia alrededor de lugares de culto. Autoridades también hicieron un llamado a la población para donar sangre y apoyar la atención de los heridos, mientras familiares y comunidades intentan encontrar información sobre sus seres queridos afectados por la explosión.
Este atentado vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad de la seguridad en espacios religiosos en Pakistán, donde históricamente las mezquitas han sido blanco de ataques sectarios. Organizaciones de derechos humanos han advertido que estos actos no solo buscan causar daño físico, sino también sembrar miedo y división entre comunidades.
Mientras continúan las investigaciones, familiares de las víctimas esperan noticias en hospitales y morgues, en medio del dolor y la incertidumbre. La tragedia ha provocado reacciones de solidaridad tanto dentro como fuera del país, con llamados internacionales a frenar la violencia extremista y proteger a la población civil.