Ante la reciente designación de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Marco Antonio Tafolla y Alma Leticia Benítez, integrantes activos de la comunidad de Xoxocotla, expresaron que se espera una justicia intercultural y la participación de los pueblos indígenas para vigilar y actuar ante este nombramiento.
Marco Tafolla consideró que la llegada de Aguilar Ortiz ocurre en un contexto político marcado por disputas internas, pero representa una oportunidad para democratizar el Poder Judicial, “el único poder que no se ha democratizado”, dijo. Recalcó la necesidad de avanzar hacia una justicia con perspectiva multicultural, capaz de reconocer los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas.
“El 10 por ciento de los casos que llegan a la Suprema Corte tienen relación con pueblos indígenas, y muchos han sido atendidos no por convicción, sino por presión social. Lo que esperamos es que la justicia sea verdaderamente intercultural”, enfatizó Tafolla.
Por su parte, Alma Benítez calificó el nombramiento como un “triunfo parcial” del movimiento indígena, aunque advirtió que la representación no garantiza acciones concretas. “No podemos permitir que se repita el patrón donde los representantes llegan con un discurso, pero sin una práctica coherente con los intereses de las comunidades”, señaló.
Ambos entrevistados, reconocidos por su labor en la promoción de los derechos indígenas, coincidieron en que las comunidades deben mantenerse alertas y activas en los procesos de transformación. “No podemos dar cheques en blanco”, dijo Tafolla. “La responsabilidad no es solo del nuevo ministro, sino también de los pueblos indígenas que deben vigilar y actuar”.
Asimismo, Alma Benítez hizo hincapié en la necesidad de comprender que la función del ministro está limitada al ámbito judicial. “No va a resolverlo todo, pero sí puede sentar precedentes para una impartición de justicia que respete la diversidad cultural y legal del país”.
Los activistas también cuestionaron la legitimidad de los mecanismos institucionales que pretenden representar a los pueblos indígenas, como el Catálogo de Pueblos Indígenas y las consultas organizadas por el INPI, los cuales, afirman, han sido impuestos sin verdadero consenso comunitario. “Nos han querido institucionalizar desde arriba, cuando el derecho a la autodeterminación debería venir desde las propias comunidades”, sostuvo Tafolla.
Finalmente, ambos señalaron que casos como el de la termoeléctrica en Huexca y el proyecto minero en Tetlama continúan sin una resolución justa y podrían representar pruebas clave para evaluar si la SCJN avanza realmente hacia un enfoque de justicia intercultural.
“La llegada de Hugo Aguilar debe entenderse como un paso más, no como una solución definitiva. Lo que sigue es vigilar, acompañar y exigir justicia con mirada indígena”, concluyó Alma Benítez.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com