Las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar una posible red de corrupción vinculada a la adquisición del software espía Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La solicitud se da a raíz de una investigación publicada por el medio israelí The Marker, donde se revela que empresarios habrían pagado hasta 25 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano a cambio de contratos para la venta del sistema de vigilancia desarrollado por la empresa NSO Group.
De acuerdo con los documentos, los intermediarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher habrían gestionado directamente los sobornos a Peña Nieto para asegurar los contratos con el gobierno. Uno de los testigos en el juicio por el espionaje a la periodista Carmen Aristegui en México, identificado con el seudónimo “Zeus”, declaró que Ansbacher actuaba bajo órdenes del expresidente y de altos funcionarios del área de seguridad nacional.
Ante estas acusaciones, las organizaciones civiles pidieron a la FGR realizar una investigación independiente, apegada al debido proceso, y sancionar a todos los responsables, incluidos exfuncionarios públicos y empresarios. También solicitaron que se garantice la no repetición de abusos mediante el uso de tecnologías de vigilancia, las cuales, afirmaron, han sido empleadas de manera ilegal para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
La Fiscalía, por su parte, informó que ya se abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y que solicitará colaboración internacional para obtener más información de autoridades israelíes. Mientras tanto, el expresidente Peña Nieto ha rechazado públicamente las acusaciones, calificándolas de infundadas.
Pegasus ha estado en el centro de diversas controversias en México, al ser utilizado presuntamente en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para labores de espionaje ilegal, aunque las autoridades han negado su uso con fines políticos.