Organizaciones civiles y vecinales, junto con la diputada federal Meggie Salgado Ponce, denunciaron que el Cabildo de Cuernavaca reformó la Ley Orgánica Municipal para permitir que el Ayuntamiento ceda, done o permute bienes municipales con el voto de dos terceras partes de sus integrantes y sin la intervención del Congreso del Estado. Indicaron que esta modificación abre la posibilidad de decisiones discrecionales sobre patrimonio público.
En conferencia de prensa, la diputada explicó que un ejemplo reciente es la permuta aprobada el 12 de noviembre a favor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Detalló que la operación involucra dos predios con usos de suelo distintos: uno en la calle Santa Prisca, donde se registró la tala de alrededor de 70 árboles, y otro entre Calzada de los Estrada y calle Jojutla. Señaló que un proyecto de este tamaño requiere una Manifestación de Impacto Ambiental por su efecto potencial en el arbolado, el agua, la movilidad y el entorno social.
Salgado afirmó que la ciudadanía ha solicitado expedientes, dictámenes y estudios técnicos sin obtener acceso. Pidió suspender la permuta hasta que exista una justificación legal y técnica que sustente la decisión y recalcó que no puede autorizarse sin transparencia ni participación ciudadana.
Martha Moreno, presidenta de la Asociación de Colonos de Vistahermosa Reforma, indicó que la falta de información impide conocer el alcance del proyecto y limita la posibilidad de evaluar riesgos urbanos y ambientales. El abogado Juan Carlos Juárez señaló que el patrimonio municipal no es de libre disposición y que cualquier enajenación debe responder a fines de servicio público. Añadió que conceptos como “beneficio colectivo” o “interés público” requieren controles claros para evitar interpretaciones discrecionales.
Las agrupaciones informaron que ya presentaron solicitudes y denuncias ante las instancias competentes y que impulsarán acciones legales y sociales para detener el proyecto mientras no existan garantías técnicas y jurídicas que protejan el interés público y el entorno.
Organizaciones civiles y vecinales, con apoyo de la diputada federal Meggie Salgado buscan que no se donen o permuten bienes públicos
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