El Gobierno de México decretó este lunes emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia del coronavirus.

La emergencia tiene vigencia hasta el 30 de abril.

La determinación, tomada por el Consejo de Salubridad General, implica que la Secretaría de Salud determinará las acciones que deba corresponder a las demás autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Entre las medidas se ordena a las secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo, así como al IMSS, ISSSTE e Infonavit a "operar las medidas necesarias a fin de proteger empresas y trabajadores por la vigencia de la declaratoria".

Además, se exhorta a que el sector privado deberá adoptar de inmediato modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o análogos, sin que las actividades de sus trabajadores impliquen un acto presencial.

"No estimamos que el sector privado dejase de participar o se opusiese a estas medidas. Hemos encontrado solidaridad, respaldo", dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Detalló que había un consenso de que "en el momento en que fuera indispensable que se suspendieran actividades no esenciales, en ese momento todos tenemos que cerrar filas".

Agregó que: "Si no se hace, el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo. El impacto al empleo, a la actividad económica va a ser mucho mayor. Hay que actuar por razones de salud y economía. Entre más efectivo sea este mes, más pronto regresaremos a la normalidad".

 

Respalda ley al trabajador

El canciller además aseguró que las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, ya que la ley les impediría incumplir con esta obligación.

Las empresas que paren actividades por no ser consideradas “esenciales” e intenten privar del salario a sus trabajadores “se van a estrellar con lo que dice la ley”, afirmó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Los artículos 42, 168, 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en caso de que las autoridades emitan una contingencia sanitaria, se suspenderán temporalmente labores o trabajos ya que son causas de fuerza mayor o caso fortuito que no son imputables al patrón.

Además establece que el patrón deberá pagar una indemnización, equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes.

“Esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y en ese caso la disposición legal no permite la aplicación del artículo que tu señalas, la empresa que lo intente se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder, la ley es muy clara”, aseguró Ebrard Casaubón.

Agregó que a las empresas no le “conviene” deshacerse de su plantilla laboral por “te quedas sin todo el conocimiento, la capacidad de tu empresa, la ley no se los permite, no dudo que habrá alguna empresa que lo intente pero se va a estrellar con lo que dice la ley”.

Solicitó a las empresas “cerrar filas” para poder transitar de forma rápida la emergencia sanitaria, aunque señaló que sí continuan actividades podrían hacerse acreedores a multas.

“Quien se oponga en cuanto a seguir sus actividades aunque está impedido se hace creador a sanciones administrativas que van desde que te ponen una multa y lo más grave que te impongan Sansón de corte penal, en caso muy extremo, estamos apelando a la conciencia social que tenemos, esto es un proceso el que estamos viviendo, lo haría equivalente al sismo del 85 y otras grandes tragedias que hemos pasado y vamos a salir avante”.

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