La ex diputada Silvia Irra Marín consiguió un amparo provisional para no ser detenida, como parte del proceso judicial al que está vinculada, tras ser denunciada por haber participado en la presunta malversación de recursos del Congreso, junto con las ex presidentas de la Mesa Directiva Beatriz Vícera y Hortencia Figueroa y Julio Espín.
La ex representante popular en la LIII Legislatura, quien llegó al cargo electa directamente en las urnas como candidata del Partido Verde Ecologista (PVE), y después se cambió al Partido de la Revolución Democrática (PRD), promovió, el pasado 4 de abril el amparo indirecto 380/2020 para protegerse de la orden de aprehensión que la Fiscalía Anticorrupción pudiera solicitar en su contra. El Juzgado Quinto le concedió la suspensión provisional y fijó el 7 de mayo como fecha para la audiencia incidental y 13 de mayo para audiencia constitucional.
La primera no se llevó a cabo y la segunda se recorrería, debido a que se alegó que las partes involucradas no fueron debidamente notificadas de dichas audiencias. Mientras tanto, quien ocupara la presidencia del Comité de Vigilancia, goza de inmunidad contra una eventual orden de detención en su contra, según el recurso legal.
Silvia Irra fue acusada en octubre de 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción, por diputados de la actual legislatura como partícipe del presunto peculado de más de 23 millones de pesos, de las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito, junto con las ex diputadas que fungieron como presidentas de la Mesa Directiva, y de su compañero de bancada, Julio Espín, que también ocupó la presidencia del Comité de Vigilancia. Cabe recordar que al inicio de esa legislatura, Irra Marín causó polémica al proponer la venta del parque vehicular, para que cada diputado se hiciera cargo de sus gastos de su transporte, lo que al final se convirtió en la oportunidad de negocio.
ANTONIETA SÁNCHEZ