En su proyecto de resolución de la controversia constitucional contra el Presupuesto del Estado 2023 que aprobó el Congreso, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, exhibió la ignorancia -o el agandalle- con el que el G-15 procesa los asuntos legislativos, a conveniencia, como por ejemplo, disponer de más de 500 mdp a discreción.
A los diputados del PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y los traidores de Morena, no les importó violar la Ley para beneficiarse, al amparo de la facultad que la Constitución les da para autorizar el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del Estado.
“El proyecto propone que el estudio de los argumentos en los que se plantean violaciones al procedimiento legislativo es suficiente para alcanzar la invalidez de las normas impugnadas”, manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
Más aún, subrayó, que el dictamen del presupuesto, que no fue hecho del conocimiento de todos los diputados, presentado a votación en la misma sesión, sin cumplirse el proceso que estable la Ley, se votó en solo cuatro minutos, y el de la Ley de Ingresos en dos minutos, como prueba del desaseo y del pisoteo de la norma legislativa, por parte del G-15.
Con base en ese razonamiento irrefutable, porque aunque el Congreso argumentó que el paquete económico se procesó al vapor porque debía votarse a más tardar el 15 de diciembre, la Corte le respondió que tuvo tiempo para cumplir con todos los momentos de máxima publicidad de los dictámenes, o sea, la exhibida fue completa.
La decisión invalidó diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos y los anexos 11-A y 11-B, relativos al Fondo de Infraestructura Municipal, el cual, como se recordará, había sido suspendido desde el momento en el que la SCJN admitió a trámite la controversia, lo que cortó, en definitiva la pretensión de los diputados del G-15 de promoverse en los municipios con recursos públicos
Evita Suprema Corte de Justicia que diputados de Morelos se despacharan con la “cuchara grande” con fondo exclusivo para obras de amigos y familiares
