El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras la declaración de culpabilidad de Gerardo Ortiz, reconocido cantante de narcocorridos, por su participación en transacciones financieras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según investigaciones recientes, Ortiz habría recibido aproximadamente 1.5 millones de dólares por realizar conciertos que, según las autoridades, sirvieron como fachada para lavar dinero del cártel. Este caso, que ha generado amplio debate, no sólo pone en entredicho la carrera del artista, sino también las conexiones entre la industria musical y el crimen organizado en México.
Contexto del artista y el caso
Gerardo Ortiz, nacido en 1989 en Pasadena, California, se consolidó como una figura prominente del regional mexicano gracias a su estilo de corridos progresivos y narcocorridos, géneros que a menudo narran historias relacionadas con el narcotráfico. Con más de 15 años de trayectoria, ha amasado una fortuna estimada en 10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, gran parte de ella gracias a sus presentaciones en vivo y grabaciones.
Sin embargo, su nombre saltó a los titulares en 2025 tras ser vinculado con el CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
El caso se centra en una serie de conciertos realizados en 2018 y 2019, organizados por Jesús Pérez Alvear, conocido como "Chucho Pérez", un promotor musical sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2018 por su papel en el lavado de dinero para el CJNG. Pérez, quien era titular de la empresa Gallística Diamante (también conocida como Ticket Premier), fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante en Polanco, Ciudad de México, un hecho que las autoridades relacionaron con su actividad criminal.
Ortiz, por su parte, admitió haber participado en al menos 19 de estos eventos, realizados en ciudades como Culiacán, Celaya, Chilpancingo, Morelia y Aguascalientes, incluyendo un concierto destacado en la Feria de San Marcos en abril de 2018.
La cantidad recibida y el esquema de lavado de dinero
Según fuentes cercanas a la investigación, Gerardo Ortiz habría recibido aproximadamente 1.5 millones de dólares por sus presentaciones en estos conciertos. Esta cifra, equivalente a unos 30 millones de pesos mexicanos, ha generado controversia, ya que algunas fuentes, sugieren que el monto fue compartido con su disquera, Del Records, mientras otras, afirman que fue el total recibido por el cantante.
Basado en su tarifa habitual, que varía entre 75,000 y 150,000 dólares por concierto dependiendo del evento, el monto total de 1.5 millones de dólares para 19 conciertos parece consistente, con un promedio de alrededor de 78,947 dólares por presentación.
El esquema de lavado de dinero, según las investigaciones, consistía en mezclar los ingresos legítimos de la venta de boletos y otras actividades relacionadas con los conciertos con fondos provenientes del tráfico de drogas. Esto permitió al CJNG introducir capitales de origen ilícito al sistema financiero a través de actividades aparentemente legales.
Uno de los eventos más señalados fue el concierto en la Feria de San Marcos, realizado semanas después de que Pérez Alvear fuera sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que sugiere que Ortiz continuó participando a pesar de las advertencias del FBI en 2018.
Declaración de culpabilidad y acuerdo con el FBI
El 28 de mayo de 2024, Ortiz se declaró culpable ante una corte federal en Los Ángeles de conspiración por violar la Ley Kingpin, normativa que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con narcotraficantes designados. Esta admisión de culpabilidad formó parte de un acuerdo con el FBI, que lo convirtió en testigo clave en el juicio contra Ángel del Villar, CEO de Del Records, acusado de violar la misma ley por sus nexos con Pérez Alvear.
Según documentos judiciales, Ortiz testificó contra Del Villar, quien fue arrestado en junio de 2022 junto con Luca Scalisi, director financiero de Del Records, en un caso que también involucra a la subsidiaria DEL Entertainment.
Gracias a su cooperación, Ortiz evitó la prisión. Como parte del acuerdo, pagó una fianza de 10,000 dólares y enfrenta el proceso en libertad, con una audiencia de sentencia programada para noviembre de 2025. Su abogado, Mark Werksman, ha aclarado que Ortiz no se declaró culpable de conspirar directamente con cárteles, sino de realizar negocios con un promotor sancionado, posicionándolo como testigo en lugar de acusado.
Tras salir de la corte, Ortiz expresó gratitud a sus fans, negando sentirse angustiado: “Gracias a los fans por preocuparse y a todos ustedes por estar acá, muchas gracias”.
Reacciones y consecuencias
La noticia ha generado un fuerte impacto en el mundo del entretenimiento. La promotora MV Entertainment, encargada de la Feria de Puebla 2025, retiró a Ortiz del cartel tras su declaración de culpabilidad, programada inicialmente para el 11 de mayo. Esta decisión refleja las repercusiones inmediatas en su carrera, mientras que en redes sociales, como X (anteriormente Twitter), se han multiplicado los debates sobre la relación entre los narcocorridos y el crimen organizado.
El caso también ha reabierto discusiones sobre la moralidad de los narcocorridos, un género que, aunque popular, ha sido criticado por glorificar a figuras del narcotráfico. Artistas como Vicente Fernández, Juan Gabriel y otros han sido relacionados con eventos para el narco en el pasado, lo que pone a Ortiz en un contexto más amplio de una industria con vínculos históricos con el crimen organizado.