Hace 20 años Morelos dio un paso importante en materia de Administración Pública. El grupo Oaxaca había logrado incidir, a nivel nacional, y se promulgó la Ley que garantizara el acceso a la información en poder del gobierno. El Estado de Morelos fue de los primeros que promulgaron una ley de transparencia y acceso a la información pública. En su momento, fue reconocida como la ley de acceso a la información más avanzada del país.
El tema era novedoso y por lo tanto incomprendido. ¿Por qué la gente habría de conocer los secretos del poder? Gritoneaban los funcionarios municipales, estatales o federales que se sintieron agredidos, descubiertos, exhibidos… frágiles. ¿Cómo y por qué tendrían que mostrar cuánto ganaban? Era un atentado contra su integridad y patrimonio. ¿Por qué habrían de dar cuenta de los porqués y los cómos que presupuestaban y ejercían el dinero público? Una auténtica afrenta.
Sectores de la prensa sintieron que se les perdía la oportunidad de tener información exclusiva y se lanzaron contra la ley “mordaza”. Absoluta incomprensión. Más tarde se dieron cuenta de la enorme oportunidad que se les abría para que dieran a conocer la información a sus audiencias, mediante la utilización de instrumentos novedosos que permitían el acceso a los secretos inconfesables del poder.
La lógica es impecable: El gobierno es el responsable de ejercer el presupuesto con el dinero del pueblo. Por lo tanto ese pueblo tiene el derecho a saber la forma en que lo distribuye, gasta, prioriza… o desvía.
Era la oportunidad para que la sociedad participara en el diseño de la propuesta de gobierno, evaluara y sancionara el ejercicio de gobernar.
Varias instituciones reaccionaron como ostras vivas a las que se les aplica limón. El estado se conmocionó. Se defendió con todo tipo de argucias. Escondió la información con todo tipo de truculencias. Sin embargo y a pesar de todo, se avanzó y se promulgaron leyes de transparencias en todo el país y la Federación creo el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy INAI.
Hace 20 años se inició una batalla en contra del patrimonialismo, de la secrecía y de la opacidad. Como toda batalla, a tenido avances y retrocesos. Se amplió el espectro de la transparencia en todos los niveles y a los tres poderes tanto nacionales como estatales; se protegieron los datos personales y se obligó a dar publicidad toda la información. Simplemente por que la información le pertenece al pueblo.
El Estado Mexicano se dio cuenta del peligro para él, que representa que la información esté a la disposición del público. Emprendió una lucha sigilosa para mermar facultades los organismos de transparencia. A las leyes les hicieron manita de puerco; desaparecen la información; la declaran de seguridad nacional; paulatina y sigilosamente fueron incrustando en los órganos de transparencia auténticos esquiroles de la transparencia. Gente afín con alguna de las corrientes políticas que han logrado hacer lento, lento el acceso a la información pública. No les fue suficiente. Hoy, desde la presidencia de la república se intenta destruir el sistema de transparencia.
Este año veremos la fortaleza de las instituciones creadas para contener al gobierno. Las elecciones mostrarán si el pueblo decide regresar a la opacidad y al secretismo en el uso de los recursos públicos, o va más allá y logra llevar al poder a personajes comprometidos con las mejores prácticas de la democracia. La futura gobernadora tiene que mostrar en campaña sus verdaderos intereses en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Los opacos ya definieron su ruta en voz y decisión de su líder máximo quien pretende que el presupuesto del INAI sea para las pensiones. La gobernadora tendrá que sentarse a revisar y evaluar el sistema de transparencia de Morelos. Rescatar lo rescatable y sobre todo, ir más lejos, tomar el rumbo hacia una verdadera rendición de cuentas.
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