El delito de despojo en el Estado es un delito que tiene a Morelos en el primer lugar nacional. Quizá no reciba tanta publicidad como el de homicidios, en el que también nos mantenemos en los primeros lugares. El impacto que tiene en la sociedad puede ser devastador.
El Código Penal para el Estado de Morelos en el art. 252 lo define como “Comete el delito de despojo el que sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente deba darlo, se apodere de una cosa inmueble o de derechos reales constituidos sobre ella, o perturbe al poseedor o propietario el ejercicio de sus derechos”.
El delito está claramente tipificado y las penas van de 2 a 8 años. Pero eso no disuade a los invasores por la impunidad o arreglos con las autoridades locales. El impacto lo resienten más los desarrolladores inmobiliarios y turísticos y los agroindustriales. Lo que reduce la oportunidad de atraer inversiones.
En 2019 se iniciaron
3 mil 994 carpetas de investigación por despojo, según la dirección general de la Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJ, que especificó que la incidencia durante 2024 fue de 3 mil 643 casos, 303.58 mensuales, 70.06 a la semana y 9.98 al día.
Cifras espeluznantes. Sin embargo lo peor es que la cifra negra de acuerdo con el INEGI, que es la que se refiere a los delitos no denunciados es de más del 90 %. O sea, que usted puede adquirir una propiedad posiblemente para que sea su casa o casita de descanso de fin de semana, y un día la encuentre ocupada. Sea por, que la vendieron a otros compradores o por que lo invasores profesionales se posesionaron. Empieza un verdadero proceso que dejaría a Kafka asombrado.
El alto índice de impunidad ha servido para que quienes cometen este delito no sean denunciados, o las denuncias no prosperen, lo que ha dado paso a despojos con más agravantes.
Los municipios con las tasas de incidencia más altas por cada 10 mil habitantes fueron Huitzilac (18.7), Miacatlán (12.6), Tepoztlán (12.5), Xochitepec (10.3) y Yautepec (8.8). En otros 20 municipios también se presentan casos.
La impunidad ha permitido que las familias cada vez se disputen con más violencia, incluso hasta llegar al asesinato. La impunidad y la corrupción han abierto la puerta a la delincuencia organizada, como señalaba Carlos Iván Arenas, presidente de la 2ª Sala de Cuernavaca, quien observa que se han incrementado las causas penales por despojo. Esto habla del crecimiento del delito en Morelos.
La tenencia de la tierra en Morelos tiene antecedentes históricos complejos y profundos.
La tenencia de la tierra es un problema complejo. Los gobiernos estatal y federal han planteado soluciones. No obstante el delito continúa inexorablemente. Para que la economía prospere, es un requisito indispensable la certidumbre en el derecho a la propiedad. No la hay. Existen avances en algunas zonas urbanas pero no en muchas rurales. El crimen organizado está al acecho, como sucede en Ecatepec en el Estado de México donde se han detectado hasta 20 bandas despojadoras.
Debido al impacto enorme que tiene el fenómeno, será menester la articulación de una política pública que contemple todas las aristas. Debilidad de los registros públicos que lo facilitan, replantear el problema de la tenencia de la tierra, adecuarlo. Diseñar mecanismos de prevención del delito. Una política pública que convoque a todos los actores y en especial a la sociedad organizada. Que evalúe los avances obtenidos; que se corrija el rumbo y que fortalezca a las entidades responsables.
La certeza en la propiedad es base para el bienestar.
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