En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), la magistrada en funciones Marina Pérez Pineda dejó de lado los formalismos de la Ley para designar como auxiliar administrativo a su novio, Roberto Enrique Rodríguez Brito.
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— Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) December 20, 2023
La magistrada es titular de la Ponencia Uno, a la que, de acuerdo con la página web del órgano electoral, están adscritos seis trabajadores.
Un secretario proyectista “A” y notificador, una secretaria instructora “A” y notificadora, un notificador, una auxiliar “A” y un auxiliar administrativo.
La integración de la Ponencia incluye las fotografías de los actuales titulares de las seis áreas, y en la que corresponde al auxiliar administrativo aparece la fotografía y nombre de Roberto Enrique Rodríguez Brito, quien en sus cuentas de redes sociales exhibe la relación sentimental directa que tiene con la magistrada en funciones.
En el TEEM las y los integrantes del Pleno tienen, como prerrogativa, la posibilidad de designar al personal que los acompañará en el desarrollo directo del cargo, como magistrados electorales.
Con base en esa libertad, Pérez Pineda habría dado el visto bueno para la contratación de su pareja como auxiliar administrativo.
No obstante, la magistrada pasó por alto la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prohíbe el nepotismo, así como el conflicto de interés.
El estudio “Prohibición de nepotismo en el servicio público. Marco teórico conceptual, marco jurídico actual, Derecho comparado y opiniones especializadas”, de la Dirección General de Servicios y Documentación de la Cámara de Diputados Federales, señala que:
“Los servidores públicos a nivel constitucional y de conformidad con la normatividad federal tiene lineamientos que debe seguir en la ejecución de su encargo como, por ejemplo, tener disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, institucionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; sin embargo, hay funcionarios que infringen la ley”.
Este sería un caso, porque aunque el estudio se refiere al ámbito federal, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Morelos, es una homologación de lo que rige a nivel general.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com