En abril de este año el presidente Obrador presentó a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Electoral que contempla cambios profundos en nuestro sistema político. Uno de los cambios más importantes es la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, con el objeto de destinar los recursos únicamente a las campañas durante las contiendas electorales. Otra reforma propuesta tiene que ver con el renombrado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en el que se propone pasar de 11 a 7 consejeros, aunque el cambio más importante es que los consejeros serán elegidos por medio del voto directo de la ciudadanía, recordemos que actualmente la designación la realiza la Cámara de Diputados. En adición, se busca eliminar a los órganos electorales locales.
Los magistrados que integren la sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral también serían elegidos por el voto directo de la ciudadanía, actualmente son elegidos por el Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, se busca reducir el número de diputados federales y senadores. La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 diputados, y el Senado pasaría de 128 a 96 senadores. En ambas cámaras desaparecerían los legisladores plurinominales o de representación proporcional. También se prevé una reducción del número de regidores en los municipios y del número de diputados locales en los estados, en ambos casos, en función del tamaño de su población.
Los cambios propuestos se pueden agrupar en dos grandes objetivos: reducir el costo de la democracia e incrementar la legitimidad de las autoridades políticas a través de la designación por medio del voto popular. En un principio la iniciativa suscitó revuelo entre la clase política, pero pronto dominó la idea de que era estéril discutir el tema, dado que la coalición de Morena no tenía las dos terceras partes que se necesitan en ambas cámaras del Congreso Federal para aprobar una reforma constitucional. Además, días atrás el Congreso había rechazado la reforma constitucional en materia eléctrica. Sin embargo, en julio pasado la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la realización de foros de parlamento abierto para analizar la iniciativa constitucional.
Como era de esperarse, y al igual que en el caso de la reforma constitucional en materia eléctrica, el partido Morena llevará la discusión a las calles, por lo que ya se están organizando las asambleas informativas, como la que recientemente se realizó en Temixco. Lo más probable es que la reforma efectivamente no sea probada, pero lo que es claro es que el presidente Obrador no se va a quedar con los brazos cruzados ante la “moratoria constitucional” que pretende instalar Va por México en el Congreso. Se va usar el tema para alimentar la línea discursiva de que la oposición no quiere la transformación del país, usando un argumento muy poderoso: el excesivo costo de la democracia y de los partidos. Esta narrativa será clave de cara al proceso electoral del próximo año en el Estado de México, porque de no aprobarse, Morena volverá a utilizar el mote de “traidores a la patria” para la ya de por sí disminuida oposición. Así es que si se aprueba la reforma electoral el presidente Obrador gana, y si no se aprueba, también.
Por: Cristian Campos Contreras / ccamposcontreras@yahoo.com.mx
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