El pasado 4 de mayo el presidente Obrador presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía como respuesta a los marcados incrementos en los precios, especialmente de los bienes agropecuarios. En abril la inflación se ubicó en 7.7 por ciento a tasa anualizada, lejos del 3 por ciento que se fija como meta el Banco de México. La pandemia de COVID 19 produjo un incremento en los niveles de pobreza, pérdida de empleos y en general, una menor actividad económica. En este contexto, contener la inflación es una medida prioritaria para aminorar sus efectos negativos en el bienestar de las familias mexicanas.
El incremento en la inflación es un problema que viene de fuera del país. La pandemia produjo un desbalance entre oferta y demanda en los mercados mundiales, que presiona al alza los precios de los insumos y productos finales. Más recientemente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania impactó los precios de las materias primas, en especial a los energéticos y productos agropecuarios.
El paquete antiinflacionario tiene 4 estrategias. La primera se enfoca en la oferta, busca mantener a raya los precios de las gasolinas, el gas lp y la electricidad. Recordemos que tanto la electricidad como el gas lp están sujetos a precios regulados, mientras que a la gasolina se le otorga un subsidio fiscal. También se buscará una mayor producción de granos básicos, así como la entrega de fertilizantes.
La segunda estrategia es en la distribución, por lo que se busca fortalecer la seguridad en las carreteras y evitar el incremento de peajes en las carreteras de CAPUFE, de tarifas ferroviarias y de la contraprestación por interconexión ferroviaria. Finalmente, esta estrategia incluye una reducción de los costos y tiempos de despachos aduanales, así como un despacho ágil de carga en puertos marítimos.
La siguiente estrategia es en materia de comercio exterior, con la que se eliminarán aranceles a productos agropecuarios básicos como el maíz, frijol, carne, chile, huevo y harinas. Y finalmente, la cuarta estrategia incluye la constitución de una reserva estratégica de maíz de entre 800 mil y un millón de toneladas, precios de garantía de maíz, frijol, arroz y leche, así como el fortalecimiento de los programas Diconsa y Liconsa.
Las medidas antiinflacionarias de los energéticos no son nuevas, de hecho, la más reciente y atinada fue el control de precios máximos del gas lp, establecido en agosto del año pasado. Estas medidas ya mostraron su efectividad, con datos de marzo, México es el país con menor inflación de energéticos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sin embargo, en el rubro de alimentos México se ubica entre los países con mayor inflación.
En este sentido, como una medida de largo plazo, el presidente Obrador ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en la soberanía alimentaria, lo cual también abatiría la inflación por el aumento de la oferta. Esta política va en la misma dirección que la debatida política de soberanía energética. Como sabemos, el paradigma económico neoliberal resalta las bondades del comercio internacional en términos de menores precios, y rara vez da cuenta del efecto contrario. Los eventos recientes han puesto de manifiesto que la volatilidad de precios internacionales pone en riesgo la estabilidad económica y social de los países. Es momento de tomar en serio el concepto de soberanía energética y alimentaria.
Por: Cristian Campos Contreras