El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva denominada “Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública”, con la que busca diferenciarse del mandato de su antecesor, Joe Biden, y restaurar la pena de muerte a nivel federal, bajo el argumento de garantizar la seguridad pública.
En este caso, Donald Trump busca dar un paso más en el impulso de esta medida, proponiendo a los congresistas que se aplique la pena de muerte a quienes asesinen a oficiales de policía. Esto como una estrategia para presionar a quienes, en última instancia, decidirán si aprueban la orden ejecutiva. “Ordenaré al Departamento de Justicia que aplique enérgicamente la pena de muerte para proteger a las familias y los niños estadounidenses de violadores violentos, asesinos y monstruos”, expresó.
Estas declaraciones las hizo también frente a Stephanie Diller, viuda del oficial del Departamento de Policía de Nueva York, Jonathan Diller, quien fue asesinado durante un operativo de tránsito en marzo de 2024.
Trump anuncia a la viuda de un policía caído: "Ya firmé una orden ejecutiva que exige la pena de muerte obligatoria para cualquiera que asesine a un policía, y esta noche le pido al Congreso que convierta esa política en ley permanente". pic.twitter.com/ObJU7eXVSH
— Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) March 6, 2025
La pena de muerte ha sido una prioridad en el gobierno del republicano. Durante su gobierno previo (2017-2021), Donald Trump impulsó la pena capital a nivel federal y supervisó 13 ejecuciones. Sin embargo, cuando Joe Biden asumió el cargo, suspendió su aplicación, dejándola a la disposición de las leyes de cada estado. En contraste, algunos estados como Texas, Florida y Alabama siguen aplicando la pena de muerte a nivel estatal, mientras que otros, como California, han optado por moratorias.
Desde su campaña electoral, Trump expresó su intención de restablecer la pena de muerte, además de su plan de sacar a todos los criminales violentos de las calles. Esta decisión reaviva el debate sobre los derechos humanos, el sistema de justicia penal y la eficacia de la pena capital como disuasivo. Los opositores a la pena de muerte argumentan que es un castigo irreversible que no garantiza la reducción del crimen y que puede ser susceptible de errores judiciales. Por otro lado, sus defensores sostienen que es una herramienta necesaria para enfrentar la violencia extrema y garantizar la seguridad pública.