Documenta Movilidad y Transporte cobros de hasta $100 mil pesos en corralones 

Cada semana se registra en la entidad al menos una queja por cobros excesivos en los servicios de grúas y corralones. La Coordinación General de Movilidad y Transporte ha documentado casos con costos que van de 50 mil a más de 100 mil pesos, por lo que el gobierno estatal prepara una iniciativa para regular y transparentar las tarifas de estos servicios.
El coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, señaló que se han detectado casos graves con cobros que parten de 50 mil pesos por el arrastre del vehículo y su resguardo en el corralón. También se han documentado situaciones en las que las tarifas superan los 100 mil pesos, lo que incluso ha llevado a algunos afectados a abandonar sus unidades al no poder cubrir el pago.
De acuerdo con la coordinación, las inconformidades por este tema son frecuentes y provienen de distintos municipios. El principal motivo de queja es el monto final que deben cubrir los propietarios para recuperar sus vehículos.
En respuesta a esta situación, Barrera Toledo explicó que la iniciativa denominada “Ley para Regular Corralones y Grúas” busca establecer tabuladores claros y homologados para evitar abusos y dar certeza a usuarios y transportistas, ya que actualmente existe opacidad en los costos que aplican las empresas concesionarias encargadas del arrastre y resguardo de los vehículos.
El funcionario informó que la propuesta legislativa presenta un avance de entre 85 y 90 por ciento y se trabaja en conjunto con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno.
La nueva legislación mantendría el modelo de concesiones cuando los municipios no cuenten con infraestructura propia, pero bajo reglas claras y tabuladores públicos que permitan transparentar los costos del servicio.
Cabe resaltar que la propuesta de “Ley para Regular Corralones y Grúas” es complementaria a la normativa que busca evitar la revictimización de personas que sean víctimas del robo de su vehículo, quienes quedarán exentas del pago de los servicios de grúa y corralón. Esta medida tiene como objetivo erradicar la revictimización institucional y evitar cargas económicas excesivas al intentar recuperar su patrimonio, y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027.