El exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, fue arrestado en Estados Unidos.

Duarte Jáquez está acusado por la actual administración en esa entidad de encabezar, planear y ordenar un conjunto de desviaciones del erario que suman al menos mil 200 millones de pesos del patrimonio del estado.

El actual gobierno estatal demanda no sólo la extradición y encarcelamiento del ex gobernador, cuyo paradero era desconocido, sino el resarcimiento total del daño patrimonial que el aún priísta habría causado al estado.

¿Cuáles son los delitos por los que se persigue?

La Fiscalía tiene abierta 10 causas penales contra Duarte Jáquez, por las que ha girado distintas órdenes de aprehensión contra el ex mandatario y ex colaboradores por desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos.

Igualmente, la Fiscalía General del Estado y la Consejería Jurídica han logrado obtener el embargo precautorio de al menos 10 bienes inmuebles pertenecientes a César Duarte, y han conseguido asegurar otras cuatro propiedades en manos de prestanombres.

Como parte de la llamada Operación Justicia para Chihuahua anunciada por el actual gobernador Javier Corral, ya fueron sentenciados el ex secretario de Obras Públicas, Javier Garfio Pacheco.

También el ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera y su ex directora administrativa Karla Jurado Bafidis quienes fueron encontrados culpables de simular cuatro contratos por servicios que nunca se prestaron y que representaron un daño al patrimonio estatal de 246 millones de pesos.

 De la misma forma se ha procedido contra el empresario Germaín Lezama, representante de la firma Kepler Soluciones Integrales, sentenciado también por el desvío de un millón y medio de pesos al simular la prestación de servicios.

 El ex diputado local Fernando Reyes Ramírez, quien con la simulación de contratos otorgados a su empresa “Bildung Consultoría Organizacional”, recibió en su cuenta personal poco más de 2.4 millones de pesos del gobierno de César Duarte, en agradecimiento por votar a favor de una bursatilización por 6 mil millones de pesos promovida en la pasada administración.

Delitos Electorales

En el año 2017, al entonces titular de la Feade, Santiago Nieto, informó que se abrió una causa penal contra el chihuahuense por el probable desvío de 79 millones de pesos de la nómina estatal, sin autorización de unos 700 empleados, para entregarlos al Comité Directivo Estatal del PRI durante la campaña electoral federal de 2015, lo que se tipifica como un delito electoral.