El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, reconoció que la Ley del Servicio Civil de Morelos contiene beneficios para la burocracia que ya no son acordes con la realidad económica del Estado, como las pensiones vitalicias heredables, que recientemente el Congreso aprobó para magistrados, pero mientras sea un derecho vigente, reiteró que son totalmente legales.
Al salir en defensa de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que los diputados del G-15 establecieron el mecanismo mediante el cual un magistrado puede solicitar la pensión -haber de retiro-, e incluso, incluyeron en los artículos transitorios, la opción de que quien hoy integra el Pleno del TSJ, pueda retirarse de forma anticipada, Gamboa Olea refirió que la Ley del Servicio Civil siempre ha planteado la posibilidad de que una pensión sea heredable.
“Desde el oficial judicial, hasta el actuario, las pensiones son heredables, no sólo para los magistrados; entonces, para que esto cambie, tendría que haber un esquema diferente, con una reforma a la Ley del Servicio Civil que diga que no serán heredables o que serán sólo para ciertas personas, porque actualmente en los tres poderes de Gobierno se pagan pensiones por orfandad y viudez”, argumentó Gamboa Olea.
Al defender el derecho de los magistrados a obtener una pensión a pesar de que son los representantes del Poder y no los subordinados, el presidente del TSJ dijo que los amparos ganados por ex magistrados, confirman que el derecho es legal, y refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de determinar que los magistrados de Baja California tienen derecho a un esquema de retiro.
Consideró que, más bien, la reforma que originalmente el Poder Judicial promovió ante el Congreso, y después fue retomada por diputados del G-15, pone orden en este tema y permitirá tomar previsiones económicas a futuro.
Agregó que en caso de que los magistrados que están en condiciones de apegarse al retiro anticipado, lo hagan, entre estos él mismo, el impacto económico anual para el TSJ será de más de 30 millones de pesos, por concepto de nómina de pensiones.
Añadió que, hasta el momento están analizando los alcances y la viabilidad del decreto, y cada quien decidirá si se apega a éste, o se mantiene en el cargo hasta la conclusión del periodo de 14 años.