La ola de bloqueos carreteros por parte de productores de maíz blanco en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán ha encendido las alarmas respecto de la salud del sector agroalimentario en México y su efecto directo en todos los ciudadanos. Las protestas estallaron porque los agricultores exigen un aumento en el precio de garantía por tonelada de maíz: reclaman al menos 7 200 pesos, mientras que el gobierno federal propuso un precio de 6 050 pesos por tonelada, cifra que los productores consideran insuficiente para cubrir sus costos reales de producción.
Detrás de estas demandas hay una serie de factores que explican cómo surgió la problemática. Primero, los costos de producción agrícola —fertilizantes, combustible, transporte, insumos— han aumentado de manera importante en los últimos años, lo que erosiona la rentabilidad del cultivo. Segundo, el precio internacional del maíz ha caído, siendo en parte determinado por la Bolsa de Chicago y el tratado TMEC, lo cual afecta al mercado mexicano. Tercero, la cadena de valor agroalimentaria sitúa al maíz blanco no solo como materia prima del campo, sino como un eje clave de la alimentación en México —tanto para la producción de tortillas como para otros alimentos básicos— por lo que la crisis del productor repercute en toda la sociedad.
La razón por la que esta situación “afecta a todos” radica en varios niveles: el maíz blanco es el ingrediente central de la tortilla y otros productos básicos del consumo diario; cuando los productores no reciben un precio justo, o se reduce su rentabilidad, hay riesgo de que disminuya la producción nacional, que aumente la dependencia de importaciones o que suba el precio de los alimentos. Esto puede traducirse en inflación de la canasta básica, vulnerabilidad alimentaria y menor seguridad alimentaria para el país. Además, los bloqueos mismos generan impacto en la logística de transporte de mercancías, lo cual puede repercutir en cadenas de abastecimiento, combustible y movilidad general.
Por ello, lo que comenzó como un reclamo sectorial se convierte en una señal de alerta para toda la población: la crisis del campo no es aislada, sino que está interconectada con la estabilidad alimentaria, los precios al consumidor y la cohesión social. En función de ello, se hace imperativo que las autoridades y el sector privado atiendan con urgencia las condiciones de los agricultores, estableciendo precios mínimos de garantía que reflejen los costos reales, permitiendo que la producción nacional se mantenga viable, protegiendo así tanto a quienes cultivan como a quienes se alimentan del grano.