La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal temporal de más de 530,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Esta decisión permite al Ejecutivo reanudar las deportaciones de personas que habían sido beneficiadas por el programa de "parole humanitario" implementado durante la administración de Joe Biden.
El fallo, emitido el viernes 30 de mayo, suspende una orden previa de una jueza federal en Boston que bloqueaba la cancelación del programa. La Corte, con una mayoría de siete votos a favor y dos en contra, respaldó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para eliminar este beneficio migratorio.
El programa de "parole humanitario", establecido en 2022, permitía la entrada mensual de hasta 30,000 migrantes de los países mencionados, siempre que contaran con un patrocinador en EE.UU. y cumplieran con ciertos requisitos. Los beneficiarios podían residir y trabajar legalmente en el país por un período determinado.
Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de la medida. Jackson expresó su preocupación por las consecuencias humanas de la decisión, señalando que los migrantes afectados enfrentan ahora la disyuntiva de regresar a países con condiciones peligrosas o permanecer en EE.UU. en situación irregular, con el riesgo de ser deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, ha anunciado que intensificará los esfuerzos para localizar y deportar a los migrantes que permanezcan en el país sin autorización. Esta acción se enmarca en la política migratoria más estricta que la administración Trump ha venido implementando desde su retorno al poder.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes han criticado la decisión, argumentando que pone en peligro a miles de personas que han establecido sus vidas en EE.UU. y que podrían enfrentar situaciones de violencia o persecución si son retornadas a sus países de origen.
La revocación del "parole humanitario" representa un cambio significativo en la política migratoria estadounidense y podría tener repercusiones tanto en la comunidad migrante como en las relaciones diplomáticas con los países afectados.