Cuando la muerte de un agonizante parece inminente, se dice: “de esta cama no se levanta”. La frase da para la analogía en el caso del diputado por el PES, Marcos Zapotitla Becerro, al que sólo un milagro salvará del desafuero. Acusado del delito de violación, su reacción fue lógica: “Yo no soy un delincuente”. Lo dijo el 22 de este mes en la rueda de prensa que compartió con el litigante Cipriano Sotelo, hermano de Samuel, el asesor del Ejecutivo. Soltó esta frase “ocurrente”, quizá intentando dar la nota, pretendiendo desviar la atención del tema del encuentro con periodistas: “los demonios se soltaron”. Presumió que como legislador Zapotitla se ha manifestado en contra de futuras reformas legales en el Poder Judicial, así como del trabajo que se desarrolla en la Fiscalía General del Estado. Verdad o mentira, naturalmente no le creyeron, perfilado Zapotitla al desafuero como fue colocado desde el instante en que, a propuesta de la morenista Keila Celene Figueroa Evaristo, las demás diputadas de la Legislatura estatal lo destituyeron de la presidencia de las comisiones de Igualdad de Género así como de Seguridad Pública y Protección Civil. (“Igualdad de género”, ¿la iglesia en manos de Lutero?). La determinación del pleno fue unánime, contundente, como raras veces ocurre en las sesiones del Poder Legislativo: doce votos a favor y cero en contra. Trasladado el proceso al ámbito penal, el fiscal Uriel Carmona Gándara fijó su posición en dos puntos: uno: lacónico, justificó la procedencia de juicio de procedencia contra Zapotitla por el derecho de la víctima a reclamar justicia, y dos: rechazó que la petición del propio juicio de procedencia contra Zapotitla esté fundamentado en un interés político de un grupo o de una persona en particular. Con respecto a la acusación por el delito de violación que habría cometido Zapotitla, el abogado de la víctima, Gibrán Haro, precisó que en julio pasado se presentó la denuncia penal en contra del legislador de marras, “quien fue señalado por la víctima de causarle daño psicológico y emocional y después derivó en el delito de violación”. De forma paralela, entregó la “carta incómoda” en la Oficina de la Gubernatura que corrió en las redes sociales. Del PES se concretó a lamentar “lo que está pasando” y, hablando entre líneas en el típico recurso del comunicado, “confió en que la Fiscalía del Estado actuará conforme a derecho”. Mientras tanto, protagónicos de ese partido como el diputado que aspira a gobernador, Jorge Argüelles Victorero, y el “súper” delegado Hugo Erik Flores, hacen mutis. Incluso estando como está “apoyado desde arriba”, ¿aguantará Zapotitla otra semana sin ser desaforado? Desde mediados de mes el juicio social lo sentenció como culpable… LA nota de los merenderos al lado del hospital del Plan de Ayala va más allá de su inauguración, la semana pasada. Hoy, los locales para las personas que por años vendieron comida en la banqueta representan lo que no significaban: certeza jurídica y patrimonio familiar. Estuvieron ahí tres décadas, sufrieron inclemencias del tiempo, pasaron diez administraciones municipales y cinco estatales durante las cuales autoridades del IMSS y comerciantes establecidos en la zona solicitaron su reubicación hasta que la paradoja de la pandemia del Covid-19 y la determinación del alcalde Antonio Villalobos resolvieron el problema. Hoy, los primeros 29 de 48 locales de venta de comida entregados a los ex vendedores callejeros mediante convenios de comodato por cinco años representan patrimonios familiares con certeza jurídica. Es una de esas obras con sentido social que poco se ven en el nivel estatal… (Me leen después).

Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com

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