Asumiendo una actitud politiquera, la diputada panista Andrea Gordillo Vega anuncia que por medio del Congreso del Estado exhortará a los ayuntamientos para que en los estacionamientos públicos no cobren las primeras dos horas. Esto en base a reformas a la Ley Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que “el 12 de junio” aprobó el Congreso local. A bote pronto la especie parece loable pero en los hechos es simplemente demagogo el llamado de la Gordillo, consciente ella misma de que a los dueños de estos negocios les bastará con recurrir al amparo de la justicia federal para seguir abusando del público y pintarle un violín al Legislativo.
La historia lo confirma: Antes del exhorto de la susodicha diputada hubo un reglamento que también fue inútil. En nueve de cada diez de esos establecimientos contradicen el Reglamento de Estacionamientos Públicos que data de junio de 1994 y que al igual que el exhorto de la Gordillo es simplemente inútil. En aquel documento fue ordenada una serie de medidas para proteger a los clientes que nunca tuvieron efecto: tarifas de acuerdo a la categoría del estacionamiento: por hora el equivalente al 35% del salario mínimo para los de primera categoría, 30% para los de segunda y 20% para los de tercera. Que el cobro de la primera hora debería ser total, aun cuando el usuario permaneciera sólo unos minutos, pero proporcional de la segunda hora en adelante y una tolerancia sin costo para el usuario de 11 a 30 minutos. Pero además de que ningún estacionamiento cumplió esta disposición, es la hora en que con cinismo insultante sus letreros advierten que “no hay tolerancia de minutos”, en lugar de mostrar en sitios visibles las tarifas como indicó el reglamento tan viejo como inútil. Pocos automovilistas saben que también se prohibió que no les cobraran cuando perdieran el ticket, en cuyo caso sólo debían exigirles que acreditaran la propiedad del vehículo y acordar el tiempo de permanencia. Que deberían contar con pólizas de seguros para garantizar “el pago a los usuarios contra todos los riesgos y daños”, incluyendo accidentes, robo total, abuso de confianza e incendios, pero, tramposos, hasta ahora los estacionamenteros advierten en el reverso de los boletos que no se hacen responsables por estos tipos de percances. La división en tres categorías tenía que ver con las características de construcción: si estaban techados o no, con carriles de entrada y salida, pero aparte la calidad de los estacionamientos todos se hallaban obligados a contar con señalamientos del sentido de la circulación y espacios para aparcar, áreas de ascenso y descenso, zona de espera y protección para el público, instalaciones para minusválidos, salida de emergencia y sanitarios para hombres y mujeres.
En los supermercados y las plazas comerciales nunca debieron cobrar por estacionar vehículos, pero la corrupción, el dinero y la ley impusieron el poder de las grandes cadenas de tiendas de auto servicio. Permanente el saqueo a los bolsillos de docenas de miles de personas, sucede en Cuernavaca y en el interior del estado. Pasa cuando la moral de la sociedad se estrella en el muro de la indecencia del dinero. De por sí los estacionamientos son un desastre. Al final puro cuento, rampante la corrupción que históricamente ha repartido licencias de funcionamiento a estacionamientos públicos que operan sin las instalaciones indicadas en el reglamento que nació siendo un difunto… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán